El proceso de elección más esperado del 2022 está por comenzar. El próximo lunes, 31 de enero, será la primera sesión de la comisión de postulación que tiene la importante labor de seleccionar seis candidatos para que el presidente elija al fiscal general y jefe del Ministerio Público 2022-2026. Estamos a las puertas de una elección que pondrá una vez más a prueba el criterio de los comisionados, la idoneidad de los postulantes, la posibilidad de fiscalización ciudadana y la madurez institucional para completar este proceso de forma ordenada y conforme a lo que establece la Constitución.

La expectativa de cómo se desarrollará el proceso ha ido en aumento, pues existen malas prácticas, ampliamente conocidas y vistas en otros procesos similares, que pueden poner en riesgo la elección de un fiscal general independiente. Esas malas prácticas pueden provenir de la comisión de postulación misma o de actores externos.

En la historia reciente del país, han transcurrido procesos de comisiones de postulación señalados de opacos por la falta de publicidad o de transparencia. También ha existido insistencia por parte de algunos integrantes de las comisiones de lenificar los criterios de evaluación o de proponer instrumentos de evaluación que claramente favorecen a unos, mientras desfavorecen a otros postulantes. A su vez, casos como los de comisiones paralelas, han evidenciado cómo algunos comisionados pueden ser susceptibles a influencias externas, debilitando así la imparcialidad y objetividad de los procesos.

A su vez, existe otro tipo de malas prácticas, provenientes de diversos rincones de la sociedad. Estas van desde ejercer influencias indebidas con fines particulares sobre las comisiones, presionar a comisionados directamente, deslegitimar el trabajo de las comisiones mediáticamente o través de la opinión pública por estar en desacuerdo con los candidatos seleccionados, hasta manipular los procesos por la vía legal, alterándolos o incluso bloqueándolos. Un claro ejemplo es el tumultuoso proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones que está inconcluso desde el 2019.

A pesar de que las malas prácticas están incrustadas en nuestra memoria, existen formas de abordar esos riesgos latentes y mitigarlos. Para la Comisión de Postulación que seleccione a los candidatos para Fiscal General será esencial llevar a cabo un proceso legítimo. Esto significa que cumplan con lo que establece la Constitución y las leyes ordinarias, dejando nada de espacio para la arbitrariedad. Para garantizar la imparcialidad de sus decisiones, deberán usar herramientas claras y objetivas, como un perfil ideal y tabla de gradación, para evaluar a los candidatos. El trabajo de la comisión se fortalecerá en la medida que los comisionados demuestren que están llevando el proceso con excelencia profesional y transparencia. Para la ciudadanía, también será imperante que a la hora de presentar impedimentos o “tachas” lo hagan con fundamento y sustento. Finalmente, para todos, la madurez política de respetar los procedimientos que establece la ley, sin torpedearlos por querer imponer a uno u otro postulante como finalista en la nómina de candidatos.

Los principios que establece la Ley de Comisiones de Postulación en su segundo artículo deben ser el norte de este proceso. Al no ser este un proceso popular en donde la ciudadanía tiene la decisión final, realmente está en manos de los comisionados la obligación de asegurarse de que los mejores seis candidatos para liderar el Ministerio Público integren la nómina final.