Durante años, El Salvador ha sido catalogado como uno de los lugares más peligrosos de la tierra, con tan solo una población de 6.5 millones de habitantes. En el 2015 ostentó el polémico título de “capital mundial de los homicidios”, con una tasa de 103 asesinatos por cada cien mil personas. Gran parte de esta violencia proviene de poderosas pandillas transnacionales, como la MS-13 y Barrio 18, que nacieron en prisiones estadounidenses y llegaron a El Salvador con deportados en los años 90. Se cree que maras como Salvatrucha o Barrio 18, bandas organizadas que han convertido al país en uno de los más violentos del mundo, tienen unos 70 mil miembros, incluidos 23 mil en prisión.

La violencia en El Salvador no solo desplaza a cientos de miles de salvadoreños, sino también contribuye a los flujos masivos de personas desesperadas que huyen a EE. UU. En 2018, los salvadoreños ocuparon el sexto lugar en el mundo entre las solicitudes de asilo, según las Naciones Unidas.

Pero la gota que colmó el vaso fue el 26 de marzo, cuando se registraron 62 asesinatos, el mayor número de muertes en un solo día desde el final de la sangrienta guerra civil en 1992, lo que impulsó al presidente Nayib Bukele a tomar medidas extremas, pues la causa de la ola de asesinatos fue atribuida al conflicto entre las dos pandillas que luchan entre sí, la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18.

Al final del día, Bukele escribió una publicación en Twitter —su plataforma favorita para las comunicaciones oficiales—, en la que pedía a los parlamentarios salvadoreños que aprobaran el “estado de Emergencia”. Y fue así como ejecutaron diligentemente la solicitud en la madrugada del 27 de marzo. Programado para 30 días, con la posibilidad de una extensión, el estado de Emergencia implica la suspensión formal de cualquier remanente de libertades civiles, en un país donde el presidente se llama a sí mismo el “dictador más genial del mundo”.

En su cruzada de Twitter, #GuerraContraPandillas, la batalla contra estos grupos criminales no da tregua. Aunque los organismos internacionales de derechos humanos han pegado el grito en el cielo, criticando el comportamiento de las autoridades salvadoreñas. Sin embargo, el mandatario argumenta que cuando las pandillas han asesinado a ciudadanos inocentes, ¿por qué estas organizaciones no se pronuncian ni se indignan? Y es que la percepción generalizada es que quienes defienden los derechos humanos impiden que la lucha contra el crimen sea realmente eficaz.

En todo este escenario, lo que más ha creado controversia es el anuncio de Bukele explicando que se habían reducido las raciones de alimentos en las cárceles del país y que no quitaría el presupuesto de las escuelas y hospitales para darles comida a “esos angelitos”. Los reclusos también fueron despojados de su ropa interior y se les quitaron sus colchones. El estilo de Bukele puede no agradarles a las organizaciones de derechos humanos, pero no puede obviarse la otra cara de la moneda, los miles de ciudadanos salvadoreños que lo están aclamando por haber sido capaz de encarcelar y controlar a estos criminales que llevan décadas haciendo estragos sin que nadie sea capaz de ponerles un alto. Por ahora los ojos del mundo están puestos sobre este drástico método para combatir a las pandillas y comprobar los resultados a corto y mediano plazo que tendrá.

Mientras tanto, Bukele goza de un 85% de aprobación en su gestión y alta popularidad, ya que fue capaz de llenar un vacío político dejado por partidos tradicionales desacreditados de izquierda y derecha. Y no debe olvidarse que una de sus promesas de campaña era desarticular las pandillas, y la está cumpliendo.