La Corte de Constitucionalidad salvó ayer a la Constitución, pese al voto en contra de Dina Ochoa, al dar en pocas horas el bofetón definitivo a las mañas güisachescas del oficialismo con el “curruchichazo” y sus variantes “desconsueloporrazo” y “giammatteyazo”, producto de la desesperación total. Si bien el amparo es temporal, lo ganado en favor del buen nombre de la CC se derrumbaría si no lo declara definitivo. Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos ya habían decidido ignorar una ilegal orden del oscuro juez-lacayo a quien irónicamente se le debe la unánime reacción de una muy grande cantidad de sectores ciudadanos plenamente convencidos del mal acarreado si terminan 38 años de vigencia constitucional.

La sociedad por fin está convencida del valor de su voto, aunque sea minoritario, y de su derecho al cumplimiento de la ley. Es satisfactorio ver la búsqueda de acuerdos entre sectores antagónicos o al menos divergentes para buscar el beneficio común, cuya ausencia anterior es una de las causas de la inimaginable situación actual del país. El “curruchichazo”, es decir el “desconsueloporrazo” y “giammatteyazo” son evidente producto de la desesperación, la cual nubla la mente. Se habría acabado esa larga etapa de vigencia constitucional, con altas y bajas, en la cual nacieron o llegaron a la adolescencia la mayoría de los guatemaltecos. El precio de la democracia es la constante vigilancia, dijo un estadista. Pero se deben conocer las conclusiones al hacerlo.

En un mínimo resumen, los seres humanos encargados de las entidades estatales las han hecho funcionar de nuevo, pese a todo. El Tribunal Supremo Electoral cambió el rumbo hacia lo legal, así como el Registro de Ciudadanos, único ente con autoridad para clausurar un partido, por integrar la institución con autoridad suprema en su campo. Y ayer, la CC se unió. Ya no puede dar marcha atrás y debe comunicar si su fallo no es unánime, quién se negó a hacerlo. La búsqueda de lugares de acuerdo es fundamental para lograr el avance del país, y hacerlo de ninguna manera constituye prueba de debilidad. Todo lo contrario. Con una base de criterios comunes, se pueden buscar las diferencias y explicarlas. A mi criterio, ayer fue un día positivo por ser un paso firme.

Las voces ciudadanas por el respeto a la ley resuenan con la misma fuerza del silencio de otros, como las autoridades de la Universidad de San Carlos, explicable por la forma como llegaron, y los altos jefes del evangelismo nacional, quienes hicieron campaña contra un aspirante y uno de ellos no conoce el significado de Estado Laico ni de la necesidad de colocar normas y requisitos en las leyes, sin ser eso discriminatorio ni atenta contra ningún derecho. Según ese criterio, la edad mínima para ser presidente debería ser eliminada, así como cualquier requisito en todo. Las tonterías oficialistas incluso afectan al Ejército, obligado a obedecer la orden de rodear el Palacio Nacional.

Las crisis crean reacciones, y eso está ocurriendo. Es inevitable. El oficialismo se lanzó al vacío y simplemente no podrá lograr sus metas. El único efecto real de toda esta maroma de güizachadas es atrasar, si no la fecha de la elección, sí el tiempo de la campaña. La generalidad de la ciudadanía se da cuenta de dos de los efectos colaterales: económicos, turísticos. El papel de los guatemaltecos respetuosos de la ley es ahora convencer a su círculo cercano de exigir a quienes manejan las instituciones el cumplimiento de su deber. Nada más. Las desesperadas acciones del oficialismo se le están convirtiendo en un tiro por la culata porque los magistrados simplemente perdieron el temor de actuar como juraron a su llegada y entrarán en forma distinta a la Historia.