Este fin de semana ocurrió un hecho político violento en Tucurú, Alta Verapaz, con una serie de curiosidades muy particulares: todas las protagonistas fueron mujeres, simpatizantes de dos partidos encabezados por mujeres, y del cual al principio se supo por videos “en vivo y a todo color”, donde se reflejó la violencia de las participantes directas. No ayudó la reacción tanto de Zury Ríos como de Sandra Torres, también cuestionables. Mencionar este dato del exclusivo protagonismo femenino no tiene ninguna connotación misógina, sino simplemente es una prueba de ser la violencia y el fanatismo un impedimento político presente sin importar el sexo de los participantes (no el género, porque este es el “sexo” de las cosas inanimadas). Al poco tiempo vinieron las respuestas directas o por medio de videos hechos circular profusamente.

La respuesta de Zury Ríos fue de extrema molestia, al abandonar su gesto sonriente –con razón desde su perspectiva—, pero como respuesta de Sandra Torres circularon videos de la candidata a alcaldesa del grupo político Valor con la pistola en la mano y fuera de sí. A las dos lideresas les corresponde apagar ese fuego, como mínima acción, y a cada ciudadano rechazar la versión distinta a sus criterios e intereses, algunos válidos y otros no. Cada ciudadano podrá rechazar una de las versiones, o las dos. Pero es un hecho: es inconveniente la presencia en los mítines de gente armada, porque las pistolas o los machetes aumentan el riesgo de bochinches, sobre todo en comunidades con pocos habitantes, donde las rencillas personales pueden facilitar la violencia.

Al analizar los casos de violencia en las elecciones a partir de 1984, a causa de la indudable calidad de los integrantes del TSE, fueron mínimos los casos de disturbios, por la confianza popular de la limpieza de resultados. Luego comenzó un deterioro de ese prestigio, junto con el de las demás instituciones fundamentales, como la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República. Sin profundizar en los motivos, es aceptable la crítica partidista a las elecciones. Este tribunal electoral con sus decisiones ha minado la confianza popular al ser notoria la presión desde el Ejecutivo, por lo cual la imagen y el convencimiento de muchos ciudadanos es la falta de independencia de la entidad, obediente a las órdenes “desde arriba”, de quien participará y quién no.

Los “partidos” de Guatemala, para señalar posiciones, deben realizar una declaración conjunta, incluyendo los tres grupos desinteresados en firmar un documento de no agresión, al cual citó el TSE la semana pasada, en una decisión explicable. Por supuesto, esa firma debe ir acompañada con hechos: tanto Sandra Torres como Zury Ríos lo firmaron y apenas unas horas después se produce un episodio de violencia. Por ello, la exigencia de cumplir lo prometido no es solo hacia los demás, sino hacia adentro, con la advertencia de las consecuencias muy severas de desobedecer esas indicaciones. No se debe olvidar: las acciones de los aspirantes lo son de todo el partido, especialmente de los candidatos, vistos por la población como dueños y señores (o señoras).

Varios son los fantasmas voladores alrededor de las elecciones, ahora aumentados a causa de la variedad de asuntos ocurridos, y por eso se teme el fraude en el día de las votaciones o como resultado de un plan realizado poco a poco, en varios meses; la violencia en la etapa de campaña, cuyo peor resultado es la muerte de aspirantes e incluso candidatos; la ausencia de quienes están autorizados para votar; el desinterés mayoritario; el impedimento a los medios de comunicación independientes para transmitir, especialmente en el recuento. Finalmente, pero no menos importante, esta elección demostrará si los guatemaltecos desean inconscientemente o no una dictadura al estilo de Ortega, Maduro, no por ideología sino por la ignorancia de la historia reciente o el desinterés.