Allan R. Brewer-Carías es un constitucionalista venezolano muy reconocido y cuenta con un libro muy ilustrativo llamado “La Patología de la Justicia Constitucional” por medio de la cual desnuda mucho de los abusos que en su país y en América Latina se han cometido.

En el libro nos advierte del fraude constitucional “…el sometimiento del tribunal constitucional a la Constitución es una preposición absolutamente sobreentendida y no sujeta a discusión, ya que sería inconcebible que el juez constitucional pueda violar la Constitución que está llamado a aplicar y garantizar. Sin embargo, para garantizar que ello no ocurra, otra garantía adicional debe establecerse en todos los sistemas jurídicos –y he aquí otro de los grandes retos de la justicia constitucional- y es que el Juez Constitucional debe gozar de absolutamente independencia y autonomía frente a todos los poderes del Estado, pues un tribunal constitucional sujeto a la voluntad del poder, en lugar de ser guardián de la Constitución se convierte en el instrumento más atroz de autoritarismo. El mejor sistema de justicia constitucional, por tanto, en manos de un juez sometido al poder, es letra muerta para individuos y es un instrumento para el fraude a la constitución”. Y sigue el autor: “…las decisiones de los Tribunales Constitucionales no tienen ninguna otra vía de revisión: son siempre imperativas y constituyen la última palabra en el derecho interno sobre la aplicación e interpretación de la Constitución. Por ello… ¿Quién custodia al custodio? No tiene respuesta, y solo una elección sabia de los miembros de las Cortes Constitucionales, puede evitar que en determinados momentos se clame por la respuesta”.

El control constitucional genera tensiones de poder. El diseño está para que exista la tensión y esto es inevitable, por eso los procesos de elección de jueces constitucionales deben ser sumamente claros e institucionales. La ausencia de independencia de los jueces constitucionales en nuestra región ha sido dramática, y me explico: en Nicaragua y Honduras se emitieron, en el primero de los países por Magistrados que se dicen de izquierda, y en el segundo por magistrados que se dicen de derecha, sentencias que declararon la inaplicación de la prohibición de reelección presidencial, y estos dos horrorosos y vergonzantes fallos son lo que tienen a Daniel Ortega y a Juan Orlando Hernández en el poder. En El Salvador la Sala Constitucional cuenta con considerables fallos dignos de estudio y de encomio, muchos de ellos limitando el ejercicio del poder, de allí que de un plumazo una nueva mayoría parlamentaria los expulsa de sus puestos en pleno ejercicio de funciones para que luego de este absurdo, que no es más que un golpe a la institucionalidad judicial, sea “justificado” por los nuevos empleados de Bukele que asumieron en sustitución de los anteriores. Ningún Magistrado digno podría haber aceptado asumir en esas circunstancias. Por último, nuestro país también registra acoso a quienes fallaron contra posiciones de poder, ¿cómo explicar el acoso judicial a Gloria Porras por hechos la propia Fiscal General señaló, cuando era magistrada constitucional, que no eran delito?, además la nueva magistratura tendrá que hacer fuertes esfuerzos para demostrar su independencia cuando dos de sus miembros son abiertos miembros del partido político Valor y una nueva Magistrada fungió como Secretaria General de la Presidencia y deberá estudiar y conocer sobre actos de este gobierno. La protección constitucional y la defensa de los derechos humanos exige independencia del Juez, de lo contrario, los fraudes constitucionales como los ocurridos en Guatemala para la candidatura de Ríos Montt, en Honduras y Nicaragua para las reelecciones indefinidas, en El Salvador para la sustitución de la magistratura serán la burla a un lindo concepto, como lo es la justicia constitucional, que al parecer se desvanece.