Hago la pregunta del título porque los guatemaltecos no tenemos idea clara de qué significa una política oficial y una actitud ciudadana contra el narcotráfico, y esto es porque, primero, el narco está metido en nuestra economía y relaciones sociales hasta la médula, y segundo, lo hemos permitido en nuestras representaciones políticas y en donde no esté metido, puede comprar su espacio.

El centralismo capitalino nos hace perder la visión de país. Basta salir el fin de semana para ver y percatarse de cómo carros raros con gente armada hasta los dientes usan las carreteras como caminos propios, haciendo gala de impunidad porque son los dueños del territorio. Una vueltecita por la carretera hasta Izabal o Esquipulas nos ilustra, pero si queremos más cerca, pagando el peaje en el puente de Iztapa, se ve el poder de los que mandan, y no digamos si visitamos la frontera con México por Huehuetenango o San Marcos. Carros que solo verlos asustan, restaurantes donde se nos advierte no “visitar” porque es de “narcos” hay en todo el país, y lo peor es asumirlo como parte del paisaje.

El 4 de junio, Prensa Libre publicó una nota que dice: “El presidente Alejandro Giammattei participó en el acto protocolario de la implementación y operatividad de la Fuerza de Tarea de Interdicción Aérea Antinarcótica y Antiterrorista (FIAAT). En la actividad participaron el ministro de Gobernación, Gendri Reyes; el embajador de Estados Unidos, William Popp, y varios funcionarios. Durante su discurso, Giammattei afirmó que el narcotráfico debilita las instituciones del Estado. ‘La corrupción generada por el narcotráfico, gracias a la inmensa cantidad de capital que mueve, socava las instituciones en detrimento del desarrollo de los pueblos’, indicó”. En el mensaje de nuestro presidente todos estamos de acuerdo, pero no vemos acciones puntuales de rechazo a organizaciones con convivencia hacia prácticas cuestionadas con el narco y, por ejemplo, en el Congreso, la UCN, de ideología narco, como señalan las propias autoridades de EE. UU., constituye una bancada electora de magistrados y está hasta sentada en la Junta Directiva.

Mario Estrada, dueño y fundador de UCN, está preso en EE. UU. por ser confeso narcotraficante. Su propuesta era regalar el país a un cartel para que metiera su mercancía por puertos y aeropuertos. Además conspiró para asesinar a Thelma Aldana porque la miraba como una contrincante política y a dos fiscales en ejercicio del Ministerio Público, que, dicho sea de paso, la actual fiscal general no ha movido un dedo en torno a esa investigación y dejando aquello de la gallina con loroco como anécdota. De la UCN solo hemos oído repetir el discursito de que “la responsabilidad penal es personalísima”, pero ni se animan a condenar a su líder. Este mismo partido “ganó” elecciones municipales curiosamente en áreas fronterizas.

Menciono UCN porque es el caso más conocido, pero así existen otros diputados y alcaldes cuyos nexos son bien sabidos. No puede existir credibilidad en el Gobierno para combatir el narcotráfico si su alianza oficial está engalanada con un partido nacido del crimen organizado y además realizando acuerdos con esa organización para “mantener la estabilidad”.

Guatemala como país no es viable mientras el narcopoder representado en el Congreso no sea condenado por todos los sectores, y acá el silencio pavoroso de la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales, centrales sindicales y empresarios organizados es cómplice. Es un absurdo pretender elegir magistrados siendo la UCN aportante de votos para que los candidatos de nuestro presidente, que bien señaló al narco de que corrompe instituciones, sean los que logren la mayoría. Los discursos sin hechos, mejor a otra parte.