Mi padre fue abogado por casi 50 años, y a los clientes que le consultaban sobre fundar una sociedad o una asociación les decía: “Lo primero que deben entender es que el dinero no lo pueden manejar como gaveta de tienda”, luego les daba una pequeña introducción sobre las obligaciones contables y tributarias, para que los interesados pudieran tomar sus decisiones, porque a partir de las reglas existiría responsabilidad social, frente a terceros y con el Gobierno, pudiendo derivar en reclamaciones de dinero o hasta penales.

El Colegio de Abogados fue fundado en 1810, y en su génesis se estableció el montepío para viudas de los agremiados. Ahora, el fondo de prestaciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) tiene de capital más de 700 millones de quetzales y los intereses se deben destinar para el pago de las prestaciones reglamentarias. El fondo tiene dos fuentes de ingresos, el impuesto llamado timbre forense, por el cual cada memorial que contiene un auxilio profesional paga un quetzal por hoja; y el timbre notarial que se paga de acuerdo con el valor de cada contrato o declaración efectuada en escritura pública, cuyo rango es de 2 a 300 quetzales.

En 1989, el Cang bajo la dirección de Jorge Rolando Barrios, Carlos Enrique Reynoso Gil y Julio Monterroso Paz, directivos dedicados a la superación gremial, logró que el Estado reconociera una comisión, destinada de forma exclusiva para pago previsional de agremiados, cuya fuente sería la venta de timbres fiscales. Los Notarios tenemos derecho al comprar especies fiscales a una comisión del 10% y adicional a ello el Colegio recibe el 4%, en principio destinado a sus obligaciones previsionales —hay quienes sostienen que es sin destino específico—. Más de 7 millones y medio de quetzales recibe el Cang cada año del Estado proveniente de esta comisión.

La forma de rendición de cuentas en los colegios profesionales es absurda. La Directiva es la autoridad administradora de los fondos, ella misma escoge a su auditor y luego convoca a asamblea, donde llega no poca sino poquísima gente, y aprueban o imprueban la ejecución presupuestaria y el nuevo presupuesto. Estuve en asambleas gremiales donde se improbaron las ejecuciones presupuestarias de la Presidencia de Marco Antonio García Gemmel y poco importó, el colegio siguió como si nada.

Las explicaciones de directivos y auditores son rápidas y superficiales, los documentos que se entregan son mínimos y, por desgracia de los agremiados, a pesar de que las fuentes de ingresos del fondo de prestaciones son impuestos y que hay un aporte estatal, tanto la Contraloría de Cuentas, como el Ministerio Público y la propia Corte de Constitucionalidad han señalado que cada colegio se debe auditar a sí mismo y no hay fiscalización pública (expediente 1317-2019). Existe un órgano gremial en el Cang llamado Comité Asesor de Inversiones del Fondo de Prestaciones y allí consta la recomendación de dejar de cargar al Fondo de Prestaciones gastos que no corresponden y que, en 2019, totalizaron 13 millones 653 mil 297 quetzales, gastado en sueldos, arrendamientos y servicios de sedes departamentales que se han abierto con el pretexto de “vender timbres”, pero que son parte esencial del clientelismo en la organización gremial, porque en realidad están siendo pagadas por el dinero que debería ser destinado a mejorar las prestaciones de viudas, viudos y agremiados, por supuesto se abren oficinas sin control y menos aún con transparencia, no digamos las contrataciones de plazas.

En síntesis, el Cang administra mucho dinero sin fiscalización efectiva y los agremiados somos testigos mudos de cómo aquel montepío, ideado en 1810, ahora es fuente de discreción y abuso, como si fuera gaveta de tienda.