Esta semana, el Congreso fue el protagonista. Los diputados eligieron a la nueva junta directiva para el 2022; el oficialismo afianzó su continuidad en el poder. La nueva presidenta será Shirley Joanna Rivera Zaldaña, del bloque Vamos. Además, los veteranos militares que exigieron una indemnización en una manifestación “pacífica” frente a la sede del Legislativo terminaron en un verdadero caos de actos vandálicos, quema de vehículos, etc.

En Guatemala ya se están viendo signos de una anarquía. De unos días para acá hemos visto la barbarie de destrozar monumentos culturales e históricos, personas que se ponen a golpes y de tú a tú con un policía municipal, siendo animados por otros, hasta entrar a un recinto que alberga uno de los tres poderes del Estado y permitirse destruir todo sin consecuencia alguna. Cambiamos de rostros en la JD del Congreso, pero seguimos sumidos en el mismo circulo vicioso, porque ninguno de los diputados está representando verdaderamente los intereses de la población. Queda claro, que el interés de los legisladores por incrustarse en la política no es por un proyecto de nación, ni por el honor de servir a la patria, sino por satisfacer su ambición personal y partidista. Si usted analiza quiénes eran estas personas antes de llegar a su curul, no comprende cómo es posible que ahora tengan en sus manos las decisiones más importantes del país.

Es necesario que, para realizar cualquier reforma, se escuche la voz del pueblo y se corrijan las falencias del sistema actual. Considerando que los métodos electorales deben expresar la complejidad de una voluntad masiva y no la conveniencia de los politiqueros de turno del país. El problema es que los que deben hacer estos cambios son los propios diputados, y a ellos no les interesa, nunca lo harán.

El Poder Legislativo es clave para el buen desempeño de un gobierno, y hasta ahora solo hemos tenido personas mediocres y corruptas, que han contribuido al deterioro institucional que vivimos. Estos “padrastros de la patria” son quienes eligen al procurador de los Derechos Humanos, contralor general, magistrados del TSE, magistrados de la Corte Suprema de Justicia; de allí la importancia de su calidad y honorabilidad. Ellos pueden antejuiciar a los presidentes de los otros organismos, ministros, etc. Entonces, sin duda son el poder más importante del Estado. Por ello es inaudito que para ser electo diputado al Congreso de la República, únicamente se requiera ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de los derechos ciudadanos, más aberrante aún, es que cuando el incauto ciudadano emite su voto, lo haga por un bloque de personas que representa a un partido político y no por un individuo que sin importar si posee capacidad o prestigio —para integrar dicho bloque— su cualidad es haber aportado una jugosa cantidad de dinero o haberse pegado al candidato presidencial en su campaña para adularlo y luego usarlo de trampolín.

Ser diputado se ha convertido en un estigma, por la actitud de la mayoría de los legisladores, nadie les exige que cumplan con horarios, ni supervisa los resultados del trabajo que realizan.

La extrema izquierda ya está haciendo campaña, y ofrece como solución a los problemas nacionales promover una Asamblea Nacional Constituyente. La idea que están lanzando es lógica y a muchos ya les está sonando bonita. Pero es una peligrosa situación, porque podría poner en riesgo nuestra frágil democracia y con un Congreso inútil y corrupto como el que tenemos le estamos dando motivos a estos grupos para sustentar su discurso. Cuidado porque un día la Guatemala profunda podría despertar y no habrá tiempo para buscar soluciones dentro del marco de la legalidad.