El político portador del mensaje anticorrupción suele causar la impresión de ser honrado. Tal discurso puede ser un postureo y una estrategia electoral efectiva, por cuanto el orador engloba a todos sus contrincantes en el bando de los corruptos. Si votan por él, promete a las masas, la partida de ladrones enfrentará su merecido.

Abundan ejemplos trágicos. Tras asumir la presidencia de Ucrania en el 2010, Víctor Yanukóvich obtuvo la condena de su principal opositora, Yulia Timoshenko, por abuso de poder y malversación. Cuatro años después, se estimó que los negocios ilícitos de Yanukóvich costaron más de US$100 mil millones a Ucrania. Su mansión es ahora el museo de la corrupción. La administración Biden lanzó una iniciativa anticorrupción en el 2021; ahora, trasciende la posible vinculación del presidente en los negocios sucios de su hijo Hunter. El discurso anticorrupción del presidente colombiano Gustavo Petro luce hipócrita desde que su hijo Nicolás Petro atestiguó que su campaña recibió fondos del narcotráfico.

En Guatemala, se construyó un cuento elaborado sobre la narrativa del pacto de corruptos. Va más o menos así: la corrupción es nuestro principal problema. Las arcas públicas son vaciadas por gobernantes de derecha y sus aliados, los empresarios malvados. Una limpieza de las estructuras podridas solo vendrá de manos de una persona recién llegada al ámbito político, quizás con ideología de izquierda, sin ataduras con el sector privado organizado. Este cuento contiene falacias.

Cualquier intento de contener la corrupción apuntando los cañones hacia los actores económicos fracasará. Algunos empresarios pagan sobornos o cometen otros actos ilícitos, pero también se malean diputados, magistrados, burócratas, policías, salubristas, periodistas, profesores e integrantes de oenegés o sindicatos. La corrupción no nace dentro del mercado, sino en el seno de un gobierno desbordado, donde poderosos funcionarios intervienen y regulan el mercado con amplia discrecionalidad, y dispensan premios o castigos.

Un sistema extractivo altamente regulado es mercantilista; los agentes económicos y los funcionarios públicos que confabulan son mercantilistas. La gran mayoría de emprendedores lamenta tener que laborar en un entorno viciado. Ellos no piden privilegios ni ventajas, sino garantías a sus derechos básicos, la paz, un estado de Derecho sólido, igualdad ante la ley y un entorno libre para buscar prosperar.

Por definición, los gobiernos socialistas son más intervencionistas que los gobiernos mercantilistas. Sus políticas son más deliberadas e ideológicas. A veces buscan abolir instituciones económicas esenciales al libre intercambio, como la propiedad privada, los bancos y la moneda. A mayor intervención, mayores oportunidades de corrupción. A mayor libertad económica, mayor transparencia. Los países más corruptos, según el Índice de Percepción de Corrupción, tienen gobiernos de izquierda: Venezuela, Siria, Sudán del Sur, Somalia, Libia, Yemen y Corea del Norte.

Es difícil desmantelar la corrupción estatal, porque quienes viven de ella ponen una resistencia tenaz. Lleva la verdad aquel refrán de los abuelos, “en arca abierta hasta el justo peca”. ¿Cuántos quijotes han sido absorbidos por la maquinaria vigente? El señalar a unos sospechosos y encarcelar a otros no termina con las malas prácticas, y genera nuevos costos, como la judicialización de la política.

Solamente podremos reducir los niveles de corrupción si cambiamos la narrativa y valoramos los beneficios que la libertad política y económica aporta a los guatemaltecos. Esta perspectiva está ausente del discurso político hoy.