Por la flojedad, irresponsabilidad e intereses de autoridades policíacas y algunos jueces que no aplican severamente las leyes de tránsito suceden trágicos accidentes como el registrado hace unos días en la ruta Interamericana, en Sumpango, Sacatepéquez. Una camioneta extraurbana conducida por Ángel Oswaldo Yani Marroquín, de 30 años —calificado como asesino—, a más de cien kilómetros por hora, cayó en un profundo barranco, con trágico saldo de cinco muertos y 35 heridos de gravedad, con inmediata acción de personas caritativas, bomberos y personal de dos hospitales. Vecinos derramaron lágrimas y familiares de las víctimas lloraron desconsoladamente.

Este homicida culposo, calificado de asesino, rebasó violentamente por la izquierda a otro vehículo, salió de su carril, cruzó el arriate central y vía contraria, derribó un poste del alumbrado público y cayó en la hondonada de 40 metros de profundidad. Dentro de la chatarra, pasajeros lloraban, gritaban y pedían auxilio, junto a los cadáveres de tres mujeres, entre ellas una niña de 15 años, y dos jóvenes. Pronto fueron auxiliados y rescatados por particulares, estudiantes de Medicina y bomberos de diversos municipios. Los sobrevivientes graves fueron trasladados a hospitales de Chimaltenango y Antigua Guatemala, donde médicos, enfermeras y futuros médicos que realizan su práctica, hombres y mujeres, lucharon tarde, noche y madrugada del día siguiente para salvarles la vida a los más graves y atender al resto de pacientes. La Procuraduría de los Derechos Humanos ha informado que en los primeros días de este año han muerto 122 personas por accidentes de tránsito, particularmente por transporte público y pesado, un 50 por ciento más que el año pasado, por lo que el Ministerio de Gobernación debe exigir a los pilotos conducir a velocidades autorizadas.

En fecha reciente, el piloto Raúl Yanes Ronquillo manejaba su auto en estado de ebriedad y mató al periodista Henry Meléndez, su esposa, Roxana Cordero, que estaba embarazada de siete meses, y a Gérber Gálvez, además de causar graves heridas a una pequeña identificada únicamente como Samanta. El juez de Paz de El Progreso, Jutiapa, curiosa e insólitamente ordenó que no quedara preso, sino en un sanatorio, mientras se arreglaban las cosas. Esto es muy común.

* Habitantes de Nahualá e Ixtahuacán, Sololá, deben vivir en paz. Condenable incapacidad gubernamental ha permitido por siglos mortal pelea entre vecinos por tierras. Autores, también ajenos que dirigen acciones y proporcionan armamento de grueso calibre a líderes, merecen castigo. Condenable e increíble que durante siglos numerosos gobernantes hayan evadido su responsabilidad legal de haber resuelto a la fecha grave inseguridad, peleas, ataques armados, asesinatos y ausencia de paz para vecinos pacíficos. Es vergonzosamente reconocida nacional e internacionalmente.

Increíble situación iniciada en época colonial, afianzada en 1988, renacida en 2019 y desembocada en diciembre pasado, con 13 asesinatos en Santa Catarina, con ilegal gente extraña proveedora de armamento sofisticado para arrebatar la vida a vecinos y policías, ante la paciencia de autoridades responsables de mantener orden en el país.

Actualmente, el Gobierno trata de encontrar pronta solución al conflicto, con métodos no adecuados, pero lo importante es la paz entre estos pueblos, para evitar más derramamiento de sangre. Da tristeza ver a señoritas portando fusiles, en vez de recibir educación para su mejor futuro y aportar beneficios a sus pueblos, cuyos padres tendrán que sufrir procesos.