Inesperadamente, Rafael Curruchiche, de la Feci, comprobó la calidad de político y vengativo, no jurídico, del juicio contra Jose Rubén Zamora. Ayer circuló un video con sus declaraciones contra elPeriódico, al calificarlo de ser “un medio de comunicación que denigraba, insultaba el honor y prestigio a fiscales a jueces y a magistrados y a personas de la sociedad civil”, e insistir en la condena de 40 años contra el acusado, en vez de los seis años inconmutables decidida por la jueza Noly González. Ese mismo día, Gustavo Alejos recibió en otro juzgado una condena real de cuatro años conmutables a Q30, es decir apenas Q43,800, lo cual significa su libertad inmediata y da otro motivo para desconfiar del sistema judicial guatemalteco, ahora cooptado e inútil.

Curruchiche ignora o recibió órdenes de ignorar la ley constitucional de emisión del pensamiento, y su afirmación de no constituir delito alguno ninguna crítica a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. La condena comprobó, por ser exagerada, la intención de encarcelar al acusado, a quien insistirá en mantenerlo preso hasta cumplir 106 años. La condena de seis años decidida por la jueza parecía ser una maniobra a fin de posteriormente considerarse por el público razonable la condena a seis, pero esto se borró con la declaración del representante de la Feci. El caso cada vez afianza más el convencimiento popular de ser este gobierno una grotesca dictatura, cuyos efectos contra el país la colocan en el mismo y no distinguido grupo de Ortega y Maduro.

Ayer, la condena fue reportada en grandes medios internacionales. El País, de España, publicó íntegramente el texto de defensa de Zamora solicitado por él para incorporarlo al caso, pero negado por la jueza González. El New York Times, página 6-A, citó a Curruchiche, “el que combatía la corrupción ahora es el corrupto”; al director del Comité para Proteger a los Periodistas, Carlos Martínez, “el autoritarismo se ejerce por redes ilegales de la élite económica, militar, política y el crimen organizado” y a Giammattei “ser periodista no da el derecho de cometer actos criminales”, mientras la BBC señala no haberle permitido presentar evidencia, y “con Porras, 12 juristas han sido encarcelados, enjuiciados y 30 están en el exilio”. La sentencia fue un tiro por la culata.

No podía faltar una ironía sangrienta. Esa fecha otro juzgado dictó la sentencia por el caso Negociantes de la Salud contra Gustavo Alejos, quien simplemente pidió disculpas por el mal hecho por años a la vida de miles de guatemaltecos. El altísimo precio pagado por las medicinas se ha debido a años de contubernios con los gobiernos. La sentencia es también desproporcionada, así como la multa impuesta en un juicio muy cuestionable y los miles de millones de dinero extra pagado en medicinas por tantos años. Esto comprueba la inexistencia del sistema judicial guatemalteco y la intención de alejar a los votantes. La maniobra de la venganza gubernativa resultó contraproducente, pero para mientras continúa la feroz guerra de tácito desprestigio contra la encuesta creíble.

Por la tarde se comprobó la intención de desalentar a los participantes para ir a las urnas, cuando circuló profusamente la falsedad de un amparo para inscribir a Oscar Rodolfo Castañeda, cuyo resultado habría atrasado las elecciones al no haber suficiente tiempo para imprimir las papeletas, embalarlas, enviarlas, repartirlas, etc. Lo conozco y lo sé: aun si fuera cierto, no insistiría por una elemental razón: ello obligaría a imprimir nuevas y repetir el largo proceso, y el tiempo disponible no sería suficiente para la elección del 25. Si a esto se agrega la campaña muchas veces anónima para desalentar el voto nulo en algunas o todas las elecciones, se comprueba la maniobra para desalentar la participación y hasta provocar caos. Todo, con tal de no soltar el poder.