Hace algunos años el filósofo guatemalteco doctor Rigoberto Juárez-Paz escribió un par de ensayos sobre el “intencionalismo moral”, la libertad y la eficiencia económica. Recomiendo su lectura. Me vienen a la mente porque, según opino, ponen de relieve, entre otras cosas, con cuánta frecuencia se confunden circunstancias que, desde un punto de vista lógico, son totalmente inconexas.

Más específicamente las buenas o malas intenciones con que se ejecute determinada actividad, proyecto o empresa, no condicionan los resultados. Desde un punto de vista moral, en orden, por ejemplo, a calificar de buena o mala una acción, las intenciones del agente sí interesan; sin embargo, desde un punto de vista de la eficiencia y la eficacia de cualquier actividad, las intenciones salen sobrando.

Y es que, probablemente, algunos de quienes promovieron una asignación constitucional para el deporte del 3% del Presupuesto Ordinario del Estado obraron con buenas intenciones. Sin embargo, como se ha explicado por este diario en un reportaje del pasado 5 de diciembre, sobre el destino de unos tres millardos de quetzales, algo así como el 97% de esos recursos se han ido en pura burocracia de la CDAG.

Puede que las cosas pudieran haber sido de otra forma. Pudiera haber habido mejores administradores, mejores ideas, mejores controles, menos política, etc. Sin embargo, el modelo de promoción del deporte elegido estaba destinado, por lo menos, a ser sumamente ineficiente.

Otro problema es el de si, en un país con unos niveles escandalosos de desnutrición infantil y pobreza, sea razonable dedicar tales cantidades de recursos al deporte. Creo que no, que se trata de una actividad humana en la que los costes de practicar un deporte o de disfrutar viendo su ejecución deben asumirse por los que se benefician directamente de una u otra cosa. Pero eso es otro tema.

El punto aquí es que la creación de un “elefante blanco” burocrático, que recibe miles de millones de quetzales independientemente de su desempeño, está destinado a ser un desperdicio mayúsculo. Esto se debe, principalmente, a los incentivos que determinan el proceso de toma de decisiones en los ámbitos público y político.

En breves palabras, tanto los funcionarios públicos como los agentes de decisión política actúan para maximizar sus utilidades; es decir, para conseguir lo que más les convenga en cada ocasión que toman una decisión. Y no hablo de ilegalidades, sino de cuestiones como ¿qué decisión me pudiera generar mayores dificultades con terceros con poder para destituirme o para no promoverme? Si la opción “Op1” me parece mejor para promover el deporte, pero no sería favorecida por mis superiores o por el partido oficial, mejor escojo la opción “O2”, pues, de todas maneras, yo no gano nada si adopto la “Op1”.

Así, a cada paso se toman decisiones que nada o poco tienen que ver con los objetivos originales de la institución, pero sí, y a veces mucho, con los objetivos profesionales de cada funcionario de mejorar sus circunstancias en la posición que ocupe.

Por supuesto que hay ciertos mecanismos de control legal, político y social; sin embargo, cuando se actúa dentro de la legalidad, siguiendo un determinado criterio —porque conviene— ¿quién puede, realmente, probar que otro criterio hubiera sido mejor? Claro que, como ha hecho Prensa Libre, se puede informar a los ciudadanos que, en cinco años, tres millardos de quetzales pagados con sus impuestos, realmente en nada o casi nada han servido para promover el deporte. Pero ¿no es eso demasiado tarde? En fin, como dice el dicho: “de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno”.