Puedo hablar con toda certeza de la angustia de todas las personas cercanas —padres, cónyuges, hijos, hermanos— a todos los hombres y mujeres dispuestos a arriesgar su vida para ayudar a quienes por cualquier motivo han sido contagiados por el coronavirus. Ellos son los médicos, personal de enfermería, choferes de ambulancias, bomberos, etcétera, quienes en varios casos ya han pagado con su vida ese apostolado. Son soldados en el frente de batalla y se les debe otorgar todo el equipo necesario a fin de no arriesgarlos aún más. Esto se ha dicho ya en numerosas ocasiones a partir de la pandemia, pero ahora, a causa de no recibir la merecida ayuda del gobierno, han comenzado a levantar su voz para informar cómo las versiones oficiales, al menos en este tema, no coinciden con la realidad.

El martes, el vicepresidente Guillermo Castillo pidió disculpas y reiteró la solicitud de tener paciencia, porque tanto la atención a estos servidores como el reparto de la ayuda llevan un trámite burocrático. Poco después, el impresentable médico viceministro de Salud Pública, en forma increíble y absurda tuvo valor de acusar a sus colegas de “crear conflictos para que no se pueda desarrollar adecuadamente el funcionamiento del hospital” (del Parque de la Industria). Lo expresado un par de veces por el vicepresidente no es suficiente. Parece, junto con el resto del gobierno, haberse olvidado de la necesidad de cuidar a quienes cuidan, de por motivos inaceptables no arriesgar más a quienes se arriesgan, en un apostolado hasta ahora incomprendido en su verdadera magnitud.

En una crisis, el tiempo apremia. Solo es aceptable hablar de trámites y de burocracia si se agrega la decisión de reducirlos al mínimo. En suma, no ha llegado a los necesitados la monstruosa suma de dinero aprobada por el Congreso. Esos 13 mil millones equivalen a darle un poco más de 812 millones a todos y cada uno de los 16 millones de guatemaltecos. Simples matemáticas, pero explican a quienes piensan mal porque han vivido demasiadas experiencias de malos manejos, las causas de la desidia en actuar. El Ministerio de Salud Pública es un desastre, por causas tanto heredadas como nuevas. Por un lado, le paga 10 mil quetzales de sueldo a un médico especialista, pero Q30 mil a una joven licenciada en etiqueta (sí, es en serio) graduada en la Galileo. Como decía un amigo: esta acción es huérfana, porque no tiene madre.

El vicepresidente no es político. Su trabajo ha sido en el sector privado, donde esto simplemente no se admite. Este caso trae de nuevo a la corrupción al tapete. Negarse a combatirla se convierte en un pecado por omisión. Ya es un hecho a voces: las deficiencias de los hospitales incluyen malas condiciones, poco equipo, personal escaso, medicamentos de difícil explicación, falta de protección y hasta de pago de modestos sueldos. Entre lo más insoportable está recibir visitas de politiqueros como el diputado de la UNE cuya escasa materia gris lo hizo ofrecer la dirección de lugar donde acababa de comprar, “con su dinero”, equipo para “él y su equipo”, así como la pérdida de tiempo de funcionarios obligados a ir al Congreso a recibir diatribas de ese partido.

Las familias de los médicos, personal de enfermería y de servicios tienen derecho a alzar su voz. Pueden hacerlo por medio de una conferencia de prensa, de una marcha (aunque se arriesgan a ser detenidas) o de algún espacio en los medios. A ellos les tocará llorar a las víctimas entre este abnegado personal. La sociedad debe exigir rapidez, inteligencia, transparencia y honestidad, actualmente muy escasas. Pese a las optimistas declaraciones oficiales, a lo cual se agrega la necesidad de supervivencia de quienes deben salir a la calle para lograr el sustento diario, con muchas dificultades, más la trágica actitud guatemalteca de no obedecer instrucciones porque casi todos no creen la gravedad de la situación. Pero los altos funcionarios tienen la obligación de entenderlo.