Aunque el binomio Bernardo Arévalo-Karin Herrera ya recibió del Tribunal Supremo Electoral las credenciales de presidente y vicepresidenta electos, respectivamente, está flotando todavía en el ambiente político el tema Golpe de Estado, luego de la denuncia pública hace una semana del hasta entonces candidato del partido Semilla y ahora autorizado a optar, es decir recibir, el cargo presidencial dentro de 97 días, el 14 de enero próximo. Ese concepto necesita ser analizado tanto desde lo idiomático como del punto de vista político desarrollado por la teoría y por la definición del diccionario. Como es de esperarse, esta dualidad permite a los ciudadanos interesados llegar a conclusiones en base a su criterio, personal y único o a adherirse a los análisis y respuestas a su alcance.

Las definiciones de la expresión Golpe de Estado son materia de estudios de expertos en Derecho, pero tiene gran validez buscarlas en el Diccionario de la Lengua Española y en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (DPEJ). En el primero (DEL) es “una acción violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la cual un grupo se apodera o intenta apoderarse de las autoridades existentes”. Para poder hablar de esa acción es requisito fundamental ser una autoridad en ejercicio de un cargo y por tanto si esto no se cumple, constituye una conspiración, una asonada de cualquier clase. Según ese criterio, en estos momentos se carece de justificación para mencionar Golpe de Estado, porque Arévalo y Herrera solamente fueron declarados electos y por eso no ejercen.

Por su parte, el DPEJ señala: “Acción repentina y por la fuerza u otros medios inconstitucionales… y desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido”. Ambas definiciones coinciden en la presencia de fuerza y violencia dirigidas a autoridades, pero la segunda incluye desmantelamiento, lo cual no necesariamente implica violencia. En resumen, las dos definiciones son correctas y su aplicación es decidida según se acepte esta forma parsimoniosa, lenta y por ello poco notoria de realizar esa demolición. Hasta hace poco tiempo, el concepto aceptado no solo incluía la violencia, sino la participación militar activa. En la Guatemala de hoy, no es posible dudar de esa grave acción en muchas de las instituciones del Estado.

El desmantelamiento de las instituciones estatales ha sido un largo proceso cuyo comienzo se debe buscar desde hace por lo menos dos períodos presidenciales. El Ejecutivo es el caso más notorio, pues la llegada de los Morales y de Giammattei marcó su tímido inicio oficial. El organismo Legislativo es el siguiente, y se nota al observar las características personales y la carencia de conocimientos mínimos para manejar el más importante poder del Estado. Faltaba el Judicial, y pronto fue claro al salir a la superficie el desconocimiento del Derecho y los evidentes y bruscos compadrazgos. A la Corte de Constitucionalidad le pasó lo mismo y también al Tribunal Supremo Electoral, antes de su actual rebelión. Ello refuerza la calificación de Golpe de Estado blando, sigiloso.

Los Golpes de Estado actuales en su mayoría son calmados, sin violencia ni sangre, pero igual de efectivos para su meta de alterar el orden constitucional y el estado de Derecho. La escogencia entre las dos posibilidades es individual y depende también en mucho del criterio e ideas personales de cada uno. El caso actual de Guatemala puede calificarse de un Golpe de Estado “nonato”. Ya es asunto terminado y por eso se pueden intercambiar criterios sin dar la impresión de un deseo de beneficiar o afectar a alguien. Es un caso poco común y por ello interesante, porque la definición legal lingüística resulta ser más amplia a la señalada en el diccionario de términos jurídicos, lo cual sirve para aclarar con calma y serenidad las dudas flotantes en el ambiente.