A consecuencia del apretón de manos el lunes entre el presidente saliente, Alejandro Giammattei, y el entrante, Bernardo Arévalo, frente a Luis Almagro, secretario general de la OEA, se borró la incertidumbre mantenida por varias semanas al respecto del proceso de transición y la ciudadanía puede estar segura de la realización de esta etapa hasta el 31 de octubre, cuando termina oficialmente el proceso electoral. Sin embargo, el terreno comienza a ser cenagoso desde esa fecha hasta el 14 de enero, a las 14 horas, y esto se debe a la justificada duda en cuál de esas dos termina realmente este proceso, tomando en cuenta las sorpresas casi diarias de estas accidentadas elecciones, por ello convertidas en tema de interés en todo el continente y Europa.

La incertidumbre se debe a las decisiones durante esa etapa de tierra incógnita de Rafael Curruchiche, Fredy Orellana y otros, derivadas del criterio de Consuelo Porras. Sin embargo, este asunto puede ser visto desde ópticas diferentes. El señor J. Fernando García Molina hace uso de su libertad de opinión y señala: “Veo con legítima admiración al señor Curruchiche. Creo que su actuación se ciñe dentro de la ley, algo que no tiene precedente. Pienso que está marcando un hito en lo que al Debido Procedimiento legal respecta. Es perseverante, tenaz, acucioso. No deja cabos sueltos. Ha fortalecido el Estado de Derecho en nuestro país como ningún otro. Pienso que todos tenemos una deuda de honor con él”. Él piensa así y no se esconde en el anonimato.

Según el colega Luis Enrique Pérez, de larga trayectoria en Aquí el Mundo, de Mario David García, Arévalo no puede hablar de golpe de Estado porque aún no es el presidente, sino solo el electo, y si no menciona los nombres de los participantes, “uno podría considerar lícitamente que Arévalo los ha inventado”, y “un golpe de Estado contra usted sería absurdo, porque lo privaría de ejercer un poder que no ejerce. Sería un golpe ilusorio”. “Si el partido es declarado ilegal, la candidatura puede ser declarada igual y su elección también”. A mi juicio, Luis Enrique Pérez debió continuar en ese orden de ideas, y opinar sobre los efectos a partir del 14 de enero, cuando no habría presidente y cómo se debería actuar para investigar cuantos otros partidos se encuentran en esa situación.

Expongo mi criterio: Giammattei prometió y cumplirá la promesa hecha ante Almagro, pero a causa de (humor negro) la independencia absoluta del TSE, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la de Constitucionalidad, estas entidades pueden o más bien continuarán las acciones contra el partido del presidente electo. De esa forma se cumplirá la siempre sólida palabra giammatteísta y todo a partir del 1º de noviembre. Es allí donde debe discutirse sobre qué pasará desde entonces hasta el 14 de enero. Hay un precedente: el período de la Corte Suprema de Justicia finalizó hace tres años, y sus integrantes aún siguen. Guatemala se podría quedar con un presidente interino durante un tiempo únicamente conocido si se tiene una bola de cristal.

Conforme pasa el tiempo es más clara la necesidad de la renuncia de Consuelo Porras, Currichiche y los otros. La buena relación con el nuevo presidente sería imposible a causa de la enemistad entre ambos –justificada desde cualquier ángulo de observación– y enfangaría más al país, cuando lo más urgente es el renacimiento de la confianza ciudadana en las instituciones, para beneficio interno y de imagen externa. Un asunto muy preocupante es la amenaza de grupos sociales y étnicos para lanzarse a las calles, bloquear carreteras y demás. En resumen: la incertitud, alias incertidumbre, no ha sido derrotada, sobre todo cuando la siguen acompañando la duda y el cansancio, el hartazgo, dos de las motivaciones más fuertes del ser humano, ajenos a ideologías y partidismos.