Como es bien sabido, la noción de “autogobierno” se acuñó para designar un régimen político en que los ciudadanos se gobiernan a sí mismos. En el Estado moderno, generalmente, por medio de instituciones representativas, como los concejos municipales, las asambleas regionales o los parlamentos a nivel nacional. Se trata del célebre pensamiento del presidente Lincoln de “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Así, en un régimen de autogobierno, cada ciudadano es depositario de una doble condición, a saber: por un lado, el derecho de participar de la vida cívico-político del Estado, de elegir y ser electo y, por el otro, de ejercer ese derecho con responsabilidad. De ahí aquel otro pensamiento de que “cada pueblo o nación tiene el gobierno que se merece” (atribuida a de Maistre).

Ahora bien, ese ejercicio responsable de los derechos cívico-políticos tiene, también, una doble dimensión. De una parte, cada candidato o el partido al que pertenezca (según sea un régimen de disciplina partidaria o no) está sujeto a un deber de precisar los términos de su propuesta a los ciudadanos. Se entiende que una democracia representativa es madura cuando las propuestas de los candidatos o de sus partidos están revestidas de sustancia. Cuando describen los fines u objetivos a alcanzar y los medios para lograrlos. Solo ese tipo de propuestas admite un debate público inteligente que dé lugar a cuestionar la seriedad del programa planteado o permita respaldarlo por su coherencia. De otra parte, los ciudadanos y sus organizaciones deben asumir la carga cívica de enterarse de los programas propuestos y de procurar decantar lo que tengan de sustancial y descartar lo que sea mera propaganda.

Nada de eso puede ocurrir como no sea en un ambiente de libertad de expresión. En un marco institucional que haga valer esa fundamental libertad, presupuesto sin el cual no puede siquiera concebirse un debate público capaz de conducir a la materialización del autogobierno. Los ciudadanos no pueden gobernarse a sí mismos a menos que sepan con suficiente especificidad qué propone cada partido o sus candidatos y a menos de que, por medio de la prensa y las organizaciones cívicas de la sociedad, pueda suscitarse un debate público esclarecedor y depurador de los elementos y consistencia —o falta de ella— de cada programa propuesto.

Sin la tutela efectiva del derecho a la libre expresión del pensamiento, ni los candidatos o sus partidos pueden exponer sus programas y criticar los de sus rivales, ni los ciudadanos pueden descargar la responsabilidad de formarse un juicio certero sobre el programa que más convenga con ocasión de un debate público transparente y sustantivo.

En ese orden de ideas, los medios de comunicación social juegan un papel fundamental en ese proceso por el que se decantan las propuestas, se formulan críticas, se ofrecen aclaraciones y, en pocas palabras, se forma el juicio de los protagonistas más importantes de un régimen de autogobierno, a saber: los ciudadanos. Las normas legales que han de regular las campañas políticas, la propaganda electoral y el proceso eleccionario deben, siempre, interpretarse y aplicarse en orden a garantizar que todo el proceso ocurra en el más amplio marco de libertad de expresión, tanto para los candidatos como para los ciudadanos y sus organizaciones.