Los pueblos mayas akateko, chuj, q’anjob’al y popti’ por fin fueron escuchados en sus demandas contra la construcción de dos hidroeléctricas en la región de Ixquisis, Huehuetenango. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por medio de su organismo financiero, el BID Invest, tomó la decisión inédita de suspender un préstamo de 13 millones de dólares a las empresas hidroeléctricas San Andrés y San Mateo, que habían creado zozobra en la zona donde viven los pueblos originarios, además de destruir el entorno natural y contaminar las aguas de un río. Pero tal decisión no fue tomada a la ligera, sino que fue producto de una investigación in situ de expertos de esa institución y que comprobó que efectivamente las referidas generadoras habían causado daños al ambiente y a las comunidades. Además de retirar el financiamiento, el BID anunció el mes pasado un plan para corregir el incumplimiento de sus políticas operativas que afectan a los pueblos originarios.

El camino fue empedrado para las comunidades de Ixquisis, una microrregión de San Mateo Ixtatán. Las hidroeléctricas fueron autorizadas sin que los habitantes de la región fueran informados en forma adecuada. En el 2009 la población efectuó una consulta en la que decidió que no estaba de acuerdo con los proyectos de infraestructura hidroeléctrica en su territorio, por los daños que causaría en el ambiente. Las empresas ignoraron la consulta, pese a que es un derecho reconocido, y continuaron la perforación de uno de los cerros más grandes, lo cual puso en peligro a la comunidad que vive en el área. Las operaciones de las represas han contaminado el río que pasa por las poblaciones. Con ello han causado daños a las actividades agrícolas, pesqueras y ganaderas. El impacto también afecta a la población porque el agua del río sirve para preparar alimentos y realizar labores de higiene.

Lejos de encontrar apoyo en las autoridades guatemaltecas, los pueblos indígenas fueron tratados en forma represiva. La narrativa oficial asume que se trata de gente revoltosa que se opone al progreso. Desde el 2014 fue instalada una subestación de la Policía Nacional Civil y un destacamento del Ejército en terrenos de las represas. El 17 de enero del 2017, una manifestación pacífica en contra de las represas fue reprimida por las fuerzas de seguridad que defendían los intereses de las hidroeléctricas. En las acciones violentas fue asesinado Sebastián Alonso Juan, originario de Yulchen Frontera. Los vecinos de Ixquisis denunciaron que ese hecho de sangre fue cometido por las fuerzas de seguridad que, además, mantienen un clima de zozobra en la región, con intimidación, vigilancia, agresión física y acoso sexual contra las mujeres.

Debido a que no encontraron justicia en Guatemala, las comunidades indígenas presentaron un reclamo al BID, por medio de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida), en el 2018. La demanda fue planteada porque ese banco incumplió sus políticas operativas al financiar hidroeléctricas que han causado daños sociales y ambientales. La respuesta llegó en el 2021, con el retiro de los préstamos a las represas y el reconocimiento pleno del BID de que incumplió sus propias políticas operativas al financiar proyectos que atentan contra los pueblos indígenas. El mes pasado se publicó el plan de acción del BID, traducido a los idiomas chuj y q’anjob’al. Además del mea culpa, el programa prevé fortalecer la unidad de salvaguarda ambiental y social, en materia de pueblos indígenas, y establecer una política de cero tolerancia a la violencia de género en los proyectos que financie. El plan incluye una inversión para promover la inclusión y el empoderamiento de las mujeres indígenas de Ixquisis. Un triunfo indudable de los pueblos originarios que afrontan la discriminación y la represión en su propio país.