Traía este diario hace unos días un reportaje sobre el aumento del parque vehicular en Guatemala. En cosa de solo diez años ha aumentado en un ochenta y ocho por ciento. Pero no pasa lo mismo con las calles, carreteras y caminos. Por el contrario, ciertas vías de circulación, tanto dentro de las ciudades como en el área rural, han perdido capacidad y viabilidad.

Casi no importa en qué dirección viaje usted dentro de las ciudades grandes e intermedias como entre una y otra de ellas, las principales vías están plagadas de obstáculos y actividades que las degradan. Sean ventas a la vera de una carretera, sean autobuses que se detienen en cualquier sitio a recoger o a dejar pasajeros, vehículos comerciales que descargan mercancías o vendedores ambulantes, el tráfico se interrumpe con suma frecuencia, comprometiéndose la seguridad de todos los que por allí transitan. Los caminos secundarios están plagados de túmulos y los habitantes de los incontables caseríos por donde pasan los han convertido en su estacionamiento privado.

A nivel de la rutina diaria de cientos de miles de personas, uno de los temas de conversación habitual es el de la parte de sus vidas que se quema en el tráfico. La una dice: —Ayer rompí récord; tardé una hora y cincuenta minutos para llegar a casa. El otro responde: —Ese récord lo he roto yo ya muchas veces; ahora voy por dos horas y quince minutos.

Al mismo tiempo, para no citar más que dos ejemplos, tanto los empresarios como el Gobierno hacen esfuerzos porque levante el turismo, que no ha vuelto a niveles prepandemia, y las autoridades del sector económico luchan contra la inflación. Pero la lista de circunstancias y proyectos que dependen en una medida muy importante de que el transporte terrestre fluya es inagotable.

El caos del tráfico se debe a muchos factores, pero, además de todo ese desorden, uno de los más importantes es la falta de comprensión generalizada de la importancia crucial para la vida en sociedad que tiene la expropiación forzosa. De cada diez empresarios, trabajadores o funcionarios públicos que circulan por calles y carreteras del país, quizá ni uno comprenda que sus vidas serían mucho más agradables si las autoridades competentes planificaran a veinticinco años plazo las vías de circulación urbanas y extraurbanas y, concluido el plan, el siguiente paso fuera gestionar una o más declaraciones de utilidad y necesidad pública para adquirir, a valor de mercado, las propiedades dentro o fuera de las ciudades por donde dichas vías han de pasar.

La única forma de evitar que a un turista tarde más de dos horas en llegar del aeropuerto La Aurora a la Antigua Guatemala, de evitar que cientos de miles de personas gasten la tercera parte de sus vidas sentados en su automóvil o en un autobús, de evitar que absolutamente todos los bienes y servicios sean más caros, es desarrollando infraestructuras que, inevitablemente, requieren de la adquisición por venta voluntaria o por medio de una expropiación forzosa de las tierras o extensiones necesarias para su construcción. Al coste de pagar a los expropiados el valor de mercado de sus bienes debemos contribuir todos pagando las tasas correspondientes o, de lo contrario, hemos de incurrir un coste todavía mayor en el precio de todos los bienes y servicios que adquirimos y en las innumerables frustraciones de tardar en el tráfico mucho más de lo razonable. La expropiación forzosa debe sacarse de las manos del Congreso de la República y regularse de manera racional urgentemente porque el colapso de la circulación vial está a las puertas.