Ayer, Prensa Libre publicó “el cálculo anual del contrabando en Guatemala es de Q25 mil millones, según un estudio presentado por el sector industrial, de manera que presentó un plan con acciones estratégicas para enfrentar el problema que causa perjuicios económicos, tributarios y de salud”. También la nota señala que Paulo de León, el experto a cargo del estudio, agregó: “…el valor agregado de lo contrabandeado representaría el 1.1% del producto interno bruto (PIB). Lo que nos está diciendo que si no hubiese contrabando, el crecimiento del PIB de Guatemala sería de un punto más cada año, así que el contrabando nos cuesta un punto de crecimiento”.

Ahora, en diciembre, se sabe de ventas de licor, ropa, adornos y decenas de productos en el mercado informal; además, basta visitar cualquier tienda ubicada en el occidente del país para percatarnos de tanto producto mexicano sin ingreso legal y, además, la pandemia obligó a muchos a dedicarse al comercio de lo que sea, ni se diga del daño irreversible a la industria avícola sufrido.

Q25 mil millones es demasiado dinero para pasar desapercibido, así que el contrabando solo es una realidad evidente porque el Estado en su conjunto, como autoridad, lo permite y cierra los ojos ante él; además, el contexto social imposibilitaría actuar conforme dice la ley de la noche a la mañana, siendo esto cada vez más grave, porque los controles son nulos.

Si existe un contrabando de Q25 mil millones, imaginemos los impuestos dejados de pagar, las plazas formales de trabajo dejadas de crear y, en fin, los efectos directos e indirectos en la economía son devastadores. Ningún país puede pensar en mejorar si sus fronteras son solo dibujo de mapa, pero sobre todo cuando ese nivel de masa monetaria circula sin vínculo alguno con el derecho, las contabilidades en muchas ocasiones, no son más que un mal chiste con estos antecedentes, además qué futuro tiene un emprendedor si lo mismo que él hace lo realiza el vecino pero sin pagar impuestos, es absurdo un clima de gestión comercial con esta realidad.

Sacar un contenedor, legítimamente importado, a veces resulta una proeza, sobre todo ahora con los inconvenientes de las navieras y puertos con crisis mundial, lo lógico fuera facilitar las exigencias aduanales y así volverlas eficientes; sin embargo, vamos para otro lado cuando la maquinaria estatal se moviliza como que no ocurriese nada, de hecho, basta un simple problema con un marchamo de seguridad para enfrentar hasta problemas penales de efectos imprevisibles, y mientras tanto por las fronteras entran los mismos productos y las autoridades son mudos, ciegos y sordos.

Si creemos que es la SAT la responsable del contrabando estamos equivocados, si creemos que es el ejército o la policía también estamos equivocados, con estas cifras tenemos una clara inercia de toda la autoridad, iniciando con los tres poderes del Estado quienes siempre tienen la cantaleta de lucha con este flagelo pero los esfuerzos son pírricos, estamos frente a un desafío de todo el sistema.

Q25 mil millones de contrabando de productos lícitos, en consecuencia, ¿cuánto de productos ilícitos? ¿cuánta droga entra, se comercia y sale? ¿cuántas armas se trafican? ¿cuánta medicina adulterada ingresa? ¿cuánta madera y animales entran y salen sin control? Y así como estas preguntas podríamos llenar la página, el punto es que este debería ser uno de los objetivos más importantes de todos porque los guatemaltecos, en mayor o menor medida, somos cómplices y esto niega recursos —suponiendo que la corrupción fuera combatida— para enfrentar la desnutrición y tantas falencias sociales conseguidas.