El primero de septiembre del 2023 ya se conocerá la dupla de ciudadanos declarados ganadores de la segunda vuelta. Son 365 días, pero en realidad la cifra es mucho menor, porque el inicio de la campaña está programado para el domingo 20 de enero, dentro de 142 días, y la segunda el jueves 24 de agosto, por primera vez entre semana. Es demasiado poco tiempo para hacer sugerencias de cambios razonables y razonados a la actual y parchada Ley Electoral. El riesgo se manifiesta por la segura participación de los actuales diputados oficialistas y sus achichincles, lo cual garantiza un mayor retroceso en el deseo de participación popular y el riesgo de manipulación y fraude, imposible de negar en estos momentos, junto con los efectos para ampliar el pantano actual.

Los cambios a la ley electoral no tienen posibilidad alguna de ir hacia buen puerto si se realizan a rajatablas, con funcionarios obedientes al oficialismo o a hacerlo para quedar bien y luego participar en la piñata del dinero estatal. Debe ser producto de sugerencias canalizadas por la discusión calmada de personas integrantes de los sectoriales, pero hablando en lo personal, escogidos por elección en las instituciones no gubernativas o en los gremios. Se necesita tener una lista previa de temas, también escogidos a lo interno de todas las entidades, con la idea de lograr verdadera representatividad. La legitimidad de esas sugerencias será efecto directo del buen nombre de los escogidos, para así convencer a más hombres y mujeres para participar en estas sugerencias.

De estas sugerencias deben ser excluidos solo los políticos con alguna trayectoria. El resto, no. Es perder el tiempo escucharlos, y sus intereses ya son conocidos por nefastos para el país. Parece discriminatorio separarlos, pero se han beneficiado de los errores de la actual ley y esa ausencia es la única manera de lograr la indispensable credibilidad. Es necesario también un borrón y cuenta nueva de las actuales organizaciones politiqueras autocalificadas de “partidos”. Los abusos desde el primer gobierno regido con la actual Constitución y ahora llevados al extremo del absurdo, el descaro y el pillaje, obligan a empezar de cero, a cambiar el significado de términos relacionados con la democracia, para evitar el afianzamiento de la dolorosa realidad nacional.

En la actualidad, la creciente ausencia de interés por participar electoralmente en los sectores jóvenes del país es resultado de varios factores de urgente eliminación. Entre ellos: 1. El enriquecimiento descarado de casi la totalidad de funcionarios públicos, de cualquier nivel. 2. La multiplicidad de “partidos” de victoria imposible. 3. La participación de tantos ilusos o malintencionados ciudadanos autonombrados líderes del país al encabezar esos grupúsculos politiqueros, fomentados por un Tribunal Supremo Electoral obediente a la orden de facilitar la victoria oficialista por medio de dividir a los grupos no gobernistas, al menos en teoría. 4. El hastío popular ya mencionado y su desinterés por informarse los hace rechazar el proceso y desinteresarse en participar.

Estas nuevas condiciones para lograr cambios de fondo a la Ley Electoral y de Partidos Políticos tiene en los primeros seis meses del próximo gobierno su mejor posibilidad. Habrá tiempo y lugar para entregar sugerencias, pero éstas no deben representar a los “partidos” ni los diputados actuales, sino por integrantes de los diversos sectores, escogidos a título personal. Sería una especie de consejo de notables, representativos de los grupos etarios y con una proporción un poco mayor entre quienes superan los 50 años, para aplicar la experiencia de vida. El tema necesita mucha explicación y estudio, pero el mensaje inicial es simple: a) sin cambios fundamentales, no hay una verdadera democracia. Y b) quienes se burlaron perdieron su derecho.