Una constitución tiene su fuerza en la estabilidad política generada a partir de ella y en su capacidad para establecer marcos económicos por medio de los cuales los habitantes logren la satisfacción de sus necesidades. Un marco legal incapaz de generar bienestar económico jamás tendrá alguna posibilidad de construir un verdadero vínculo social.

En nuestra constitución se reconoce una serie de derechos, existen críticas al texto porque algunas normas parecen más bien frases aspiracionales decididas sin tomar en cuenta el contexto real y su posibilidad económica; sin embargo, también quienes niegan su respeto se escudan en estos motivos. “El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social”, reza el Art. 118 constitucional. También se reconoció como derecho irrenunciable de los trabajadores “el establecimiento de instituciones económicas y de previsión social que, en beneficio de los trabajadores, otorguen prestaciones de todo orden, especialmente por invalidez, jubilación y sobrevivencia”, y se encomendó al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social la aplicación del régimen de seguridad social.

El retiro o jubilación es un derecho humano, y si nuestro país tuviera un poco de compromiso con su propia constitución ya, después de 37 años de haberse promulgado, debieron existir decenas de proyectos legislativos para hacer efectiva la seguridad social universal. El Art. 100 constitucional ordena: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la Nación. Su régimen se instituye como función pública, en forma nacional, unitaria y obligatoria”.

Cada vez más es usual solicitar la solidaridad general para enfrentar los enormes costos de la salud privada. A diario vemos cómo la disponibilidad económica de quienes se jubilan es cada vez más precaria, porque 1. el Estado no paga su deuda con el IGSS; 2, las políticas clientelares y de espaldas a nuestra historia como la reciente aprobación para un bono a exmiembros del Ejército condicionando más de Q3 mil millones es una bofetada a los pensionados; y 3, no existe voluntad política de los verdaderos grupos de poder para enfrentar los enormes retos de un retiro digno.

Un régimen político es estable solo si hay bienestar económico. La historia enseña cómo las sociedades se decantan por dictadores que llegan, como cantos de sirena, a hipnotizar a poblaciones para engañar con soluciones mágicas en donde el abuso de poder, la arbitrariedad y la violencia son la máxima cuando la realidad se divorcia de lo dispuesto en las leyes. Si una persona fue un trabajador honrado, debe tener el incentivo de gozar de una jubilación decorosa, pero en cambio construimos una canallada cuando el aliciente para la vejez es el fraude, el abuso, la corrupción y el engaño, como hemos visto tantos pasar por el gobierno o puestos gerenciales privados (basta recordar el Banco de Comercio, entre tantos otros).

Guatemala castiga a la niñez y con ese mismo martillo revestido de indiferencia martiriza a la vejez. No es justo cómo gobierno tras gobierno pasa y las propuestas de reforma a la seguridad social sean para debilitarla en vez de fortalecerla. Es absurdo creer que nuestro marco jurídico, político y social está diseñado para crear una gran cantidad de consumidores por unos años a costa de niños, adolescentes y ancianos cada vez más olvidados y de espaldas a todo concepto de solidaridad.

Bien dijo Cicerón: “La cosecha de la vejez es el recuerdo y la abundancia de lo previamente asegurado”, el mundo se desarrolló para reconocer a la seguridad social como un derecho humano universal para todos, ¿por qué nos empeñamos en vivir en el siglo 19?