Estados Unidos
de mis notas
El Estado, en jaque por la tiranía sindical del STEG
Simples tiranos violando con desfachatez los derechos de las mayorías silenciosas y pendejas.
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Mientras escribo estas líneas, se libra una batalla que debería ser decisiva entre dos principios constitucionales que, en manos honestas, jamás deberían colisionar: el derecho de manifestación y el de libre locomoción. Pero cuando más de 300 mil estudiantes llevan 34 días sin clases y las pérdidas económicas alcanzan Q330 millones diarios por paros manipulados por un puñado de sindicalistas, la tonadilla aquella de que son unos extorsionadores ya cansa.
Es la prueba de fuego de este gobierno: imperio de la ley o tiranía sindical.
Incomoda repetir lo que ya se sabe: que Joviel Acevedo es un exmilitante del EGP y líder sindical, negociador ad infinitum con cinco gobiernos. Que ha convertido la educación pública en su feudo personal. Que desde su privilegiado trono cobra más de Q10 por ser sindicaco desde el 2000 sin tocar un aula. Que el departamento de Estado lo ha sancionado por corrupción, y que despliega cada vez que se aproxima la fecha del pacto colectivo sus pataleos manipuladores.
La estrategia ha sido perversa y simple: paralizar el país hasta que el gobierno capitule. Cincuenta y un días de campamento en la Plaza de la Constitución, bloqueos simultáneos de carreteras y la suspensión indefinida de clases como arma de negociación. Todo esto, mientras la ciudadanía trabajadora, los niños escolares y la economía padecen las consecuencias de esta tiranía disfrazada de reivindicación social con olor a azufre.
¿Cuál es el problema de fondo? Hemos permitido que el chantaje sindical se enquiste como método de negociación legítimo. ¡Ya no más! Cuando Santa María de Jesús necesitaba ayuda humanitaria tras los sismos y los bloqueos del STEG impidieron el paso de la asistencia, quedó claro que enfrentamos criminales que se disfrazan de sindicalistas.
Y uno se pregunta: ¿de dónde salen los recursos para movilizar a tanta gente por todo el país? ¿Buses, pancartas, logística compleja para mantener un campamento durante casi dos meses? El gobierno exige transparentar el pacto colectivo que permanece confidencial, pero las fuentes de financiamiento opaco de este circo siguen siendo un misterio cósmico.
No encontraremos en el pacto colectivo que quienes se autonombran defensores de la educación son precisamente quienes la destrozan. El año 2025 no alcanzará para reponer los días perdidos, condenando a millares de niños a arrastrar esta laguna educativa para siempre. Todos los departamentos están golpeados, pero en Huehuetenango la mitad de sus escuelas permanece cerrada, mientras los dirigentes sindicales, entre shucos y chelas, maquinan sus exigencias.
Hemos llegado al momento crucial: es hora de que el Estado ejerza su poder coercitivo sin contemplaciones. La CC ha fallado consistentemente contra las medidas de hecho del STEG, estableciendo un precedente fundamental que Jodiel y asociados lo han venido desafiando abiertamente hasta el día de hoy.
La respuesta debe ser contundente: fuerza pública, desalojos inmediatos y certificaciones penales por desacato. La ministra Giracca ha mantenido una línea clara, pero las resoluciones judiciales requieren ejecución física. Los antimotines que finalmente desalojaron el campamento demostraron que solo la acción directa pone límites al libertinaje.
El precedente debe ser definitivo: quien bloquee carreteras enfrenta desalojo inmediato. Quien abandone aulas para hacer política enfrenta despido fulminante. Quien desacate órdenes judiciales enfrenta proceso penal. Sin excepciones, sin negociaciones, sin contemplaciones.
Es el momento de demostrar que en Guatemala existe un Estado de derecho que se defiende con el imperio de la ley contra quienes profesionalizan el desacato judicial.
Ojalá el presidente Arévalo no sucumba. Sería el fin.
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