Élite es una palabra que proviene del francés y hace referencia a un pequeño grupo de personas que ostenta una posición dominante o de poder en una sociedad. Las sociedades, por naturaleza, están conformadas por élites. Y en Chile fracasó una élite en ascenso, la élite política de izquierda.

Recientemente, la población de Chile votó en rechazo de la propuesta de una nueva constitución. La propuesta de constitución fue promovida y redactada —en su mayoría por una clase política dominante que se autodenomina izquierda y “progresista”.

En muchas ocasiones, los grupos políticos de izquierda se rehúsan a ser identificados y catalogados como una “élite de poder político”, ya que aprovechan el término para su discurso, donde lo emplean de manera despectiva y lo usan como catalizador para su movilización. En la narrativa política de la izquierda latinoamericana, señalan a la élite como la causante de todos los problemas y usualmente catalogan exclusivamente como élite a los grupos adversarios del momento. Así, construyen un discurso narrativo de choque de clases y de reivindicación que se basa en la idea de “ellos contra nosotros”, donde se atribuyen a sí mismos la “representación” del pueblo.

Los movimientos políticos de izquierda buscan alejarse del concepto de élite para evadir así la responsabilidad política de sus propuestas y acciones. Buscan constantemente crear un enemigo ficticio. A través de discursos populares lo “hacen responsable” de los problemas de una sociedad para justificar así el uso de un poder sin límites.

Los actores que redactaron la propuesta constitucional en Chile son una élite política. No identificar a una clase política como una élite trae consigo varios problemas. Cuando un grupo de políticos organizados y con poder público presenta sus acciones como representación absoluta de la población, se tiende a tolerar su voluntad como la última palabra. Así evitan los cuestionamientos y difuminan la responsabilidad política que conlleva el uso del poder público. Esto tiende a prestarse a abusos de poder.

El hecho de que una nueva constitución tenga que ser sometida a una consulta popular para que sea la población quien determine si está de acuerdo o no con lo que propone una élite política es una característica de instituciones democráticas. De esta manera se puede poner a prueba si la élite, que ostenta el poder para redactar la constitución, está actuando a favor de la población y si lo que propone es representativo de lo que la mayoría quiere.

Es particularmente interesante analizar el caso de Chile: el movimiento político que llevó a que se generara la dinámica de proponer una nueva constitución fue una narrativa “popular”. Sin embargo, la población rechazó el resultado de dicho movimiento. El discurso político y narrativo a través del cual se impulsó este evento político no superó la prueba mínima de ser aceptada mayoritariamente.

En Latinoamérica vemos un auge de una élite política de izquierda. Tenemos que considerar que no siempre existe una institucionalidad con suficiente fortaleza que haga valer la voluntad popular y proteja a los ciudadanos del abuso de poder. En varios países latinos, la élite política impone su voluntad en contra de la voluntad de la población. Por eso siempre se debe tener claridad de que toda clase política es una élite. Toda élite política busca satisfacer sus necesidades a través de beneficios y debe ser limitada con la ley y sus instituciones para que no abuse del poder.