Guatemala es un país en el que si quieres hacer algo productivo tienes primero que pedir permiso y pagar anticipadamente licencias e impuestos. El esfuerzo para crear una empresa que invierta en capital es enorme y oneroso. La creación de oportunidades de mejora de nivel de vida de los guatemaltecos está frenada por demasiada regulación y burocracia. El intervencionismo estatal es un lastre en esta sociedad que quiere desarrollarse y mejorar el bienestar para todos. El resultado es y seguirá siendo, a menos que cambien las cosas, migración hacia el país del norte, más burocracia, trabas, corrupción y pobreza.

No creo que queramos seguir así. La mayoría de los ciudadanos guatemaltecos no queremos un país pobre sin oportunidades de mejora de nivel de vida para todos, especialmente para los menos afortunados. Pero lo que el intervencionismo estatal hace es precisamente eso, reducir esas oportunidades que permitirán que la gente viva mejor. Los diputados siguen con sus políticas de legislación populista. Tan ridículas son como que a los combustibles se les aplica un impuesto, pero a la vez se otorga un subsidio casi por el mismo monto del impuesto. Esto significa cobrar la burocracia para administrar ese dinero recaudado y para calcular cuánto se ha de devolver por galón a los consumidores. Quienes defienden este modelo solo crean más ineficiencia en el mismo. No se dan cuenta acaso que lo mejor es no tener un modelo. Precisamente el capitalismo o sistema de división del trabajo en base a la propiedad privada de los medios de producción es todo menos un modelo. Es precisamente dejar a las personas actuar libre y responsablemente creando, invirtiendo, produciendo, intercambiando sin necesidad de pedir permisos siempre y cuando no dañen el derecho de terceros. Esto funciona sin tantas restricciones. En vez de pagar impuestos para que luego te regrese una mínima fracción de este, es mejor que se queden donde se producen porque justo los que más impuestos pagan son los que más riqueza crean para todos.

Me decía un amigo del interior del país que prefieren trabajar al margen de la ley porque si no se tardan años en que les aprueben un emprendimiento por los permisos que deben obtener. Esto además de pagar impuestos y gastar en estudios que se exigen para sus proyectos. Por eso, me decía, prefiero trabajar al margen de la ley, es decir, en la economía informal. “No hago daño a nadie, más bien estoy creando oportunidades de empleo, pero no me dejan producir sin tener que llenar muchos formularios, contratar empresas que me hagan estudios que luego deben aprobar ciertos ministerios cuyos funcionarios no tienen la menor idea del valor del dinero en el tiempo. Luego, cuando ya estoy produciendo me dicen que soy evasor de impuestos, pero no se fijan en la cantidad de empleos productivos y riqueza que estoy creando. Estoy contribuyendo al mayor bienestar del país, pero me multan y amenazan con cerrar mi empresa”.

Es lamentable ver cómo en Guatemala lidera la economía informal debido a tanta traba y regulación. Se estima que el 80% del mercado laboral en el país es informal. Y al no haber inversiones grandes y productivas en forma masiva, las oportunidades de mejora de nivel de vida brillan por su ausencia. Los más pobres, que no encuentran las oportunidades en el país deciden emigrar hacia el país del norte arriesgando sus vidas y dejando atrás a sus familias.

¿Cuál es el problema de dejar a la gente producir en paz, sin tantos permisos ni trabas, en forma pacífica libre y voluntaria siempre que no afecten derechos de terceros? Somos una sociedad basada en la coerción más que en la persuasión.