Es lógico y natural que los reporteros cuestionen al presidente y al vicepresidente electo sobre una serie de asuntos y problemas que, en cierto sentido, pueden tildarse de “ordinarios”. Muchos de ellos son graves, como la falta de seguridad, la corrupción, el éxodo de migrantes, la desnutrición crónica, la obsolescencia de las infraestructuras, las deplorables condiciones en que se encuentran los servicios de salud y de educación pública, para no mencionar sino los más frecuentemente citados. Pero de todas maneras son las circunstancias que tienen que enfrentarse por cualquier gobierno, inevitablemente.

En cierto modo, tanto las cuestiones de los reporteros como también las respuestas de los mandatarios electos presuponen que existen y funcionan otro tipo de infraestructuras que, en una palabra, se denominan “instituciones”.

Y he ahí, me parece, que una vez más se cumple la sentencia aquella de que las sociedades humanas están condenadas a resolver lo urgente y no lo importante. En este caso, además, es casi imposible resolver lo urgente sin haber hecho antes lo importante.

Esa imposibilidad deriva de un par de círculos viciosos en los que la sociedad y el Estado guatemaltecos están atrapados. Así, uno de esos círculos consiste en que, para lograr mayor eficiencia de las administraciones públicas del Estado, es indispensable una reforma del régimen del servicio civil. Es indispensable que las administraciones públicas del Estado se profesionalicen, se independicen de los vaivenes políticos y de los sindicatos —que son parte del círculo vicioso—.

Ahora bien, esas reformas están en manos, principalmente, de los diputados al Congreso. Muchos de ellos pertenecen a ciertos partidos políticos que, realmente, son intermediarios de cosas como plazas de trabajo (reales o fantasmas), de asesorías (reales o fantasmas) y de una amplia gama de bienes y favores relacionados con cargos y empleos públicos.

En otras palabras, algunos de los representantes del pueblo han “invertido” en una empresa de intermediación que recibe sus ingresos gracias a que el régimen de servicio civil no funciona. Por consiguiente, es casi imposible que esos mismos diputados voten a favor de las reformas necesarias. Antes tuviera que llevarse a cabo una reforma del derecho político de Guatemala, para lograr otro tipo de partidos políticos que fueran los fieles receptores y canales de las visiones ideológicas de los ciudadanos y de sus preferencias electorales.

Otro de esos círculos viciosos es el de la corrupción en temas como los suministros de bienes y servicios y los contratos de obra para el Estado y sus entidades. La corrupción afecta todos los niveles, casi, de las administraciones del Estado. Su desarrollo está en función directa de las expectativas de impunidad de los funcionarios y las personas que se benefician de esta lacra social. La impunidad depende, a su vez, de la mayor o menor fortaleza de las instituciones de justicia. También en esto las reformas constitucionales y legales necesarias para fortalecer las instituciones de justicia están en manos de los diputados al Congreso que, en buena parte, están involucrados —no todos— en esas actividades. Su modus vivendi y el de sus partidos depende de la impunidad.

En mi opinión, la Cicig nos había ofrecido una salida razonable —no perfecta— de esos círculos viciosos. Pero las élites no estuvieron interesadas y ahora tampoco saben cómo romper los círculos viciosos.