Hay una bomba de tiempo activada en Guatemala y no se necesita tener una bola de cristal para saberlo. Al reciente incremento del gas y la gasolina, que a su vez impactará fuertemente en las microeconomías familiares de la mayoría de negocios y hogares guatemaltecos sin que el bostezo de la macroestabilidad económica se inmute por ello, se agregan problemas estructurales de corto, mediano y largo plazo que debemos atender.

Hoy, aún en medio de un contexto de pandemia, enfrentamos una profunda crisis que cada día suma más elementos detonantes y nuestra realidad puede leerse en clave de alerta roja. Nuestros más inmediatos problemas son el hambre y la cooptación del Estado por una alianza criminal que tiene arrodillados a los tres poderes; la corrupción endémica liderada históricamente por una élite económica voraz y ciega, y más recientemente por el narco; la impunidad derivada de la falta de justicia independiente; unos vergonzosos indicadores sociales que nos sitúan siempre en los peores lugares de la región y del mundo; y una dictadura que avanza al ritmo de la persecución y censura que se imponen a periodistas y medios de comunicación independientes.

Todo esto se relaciona directamente con problemas que tendremos que resolver en un mediano plazo: la elección de fiscal general del Ministerio Público (MP) y la de contralor General de Cuentas, en mayo y agosto del 2022, respectivamente, así como la convenientemente postergada elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Y digo que al Congreso le conviene postergar para el 2022 las elecciones de la CSJ para que así sea la corte actual la que elija la comisión pesquisidora que debe estar integrada y lista en febrero del próximo año para elegir al/la siguiente fiscal general. O sea, tendrían una/un fiscal a la medida de sus intereses, operando de nuevo para la alianza criminal.

Al mismo tiempo, tendremos encima una campaña electoral anticipada, con un cartón de lotería cantada y aún más regresiva para una Guatemala que sigue creyendo en el voto como si fuera una tabla de salvación (que en una democracia real podría serlo) y no una estrategia del pacto de corruptos para afianzar el secuestro del Estado (como funciona en una dictadura disfrazada de democracia al estilo de la que hoy vivimos acá).

Otros hechos que activan esta bomba de tiempo: deportaciones y expulsiones masivas se incrementarán desde Estados Unidos hacia una Guatemala, que jamás ha sido un país de oportunidades para nadie. Esto incrementará la ya existente demanda de empleo, la violencia común y el crimen organizado, que paga mejores salarios que los mínimos que ya no alcanzan para nada. Por otra parte, la falta de cobertura educativa se amplió grandemente durante el 2020 y 2021 por el covid y por la imposibilidad de las grandes mayorías de acceder a internet o a equipos de computación en sus hogares. Esto habla de niñez, adolescencia y juventud sin presente ni futuro.

Un último elemento a sumar en este análisis general de contexto: el tema medioambiental, muy cercano a la explotación de recursos naturales y al despojo de pueblos indígenas en Guatemala, ameritará aún más nuestra atención. El objetivo de la cumbre climática COP26 se aplica bien en nuestro caso: salvar al mundo de nosotros mismos. Las industrias no nos desagradan, es la industria de la minería la que debe desaparecer acá, por haber destrozado y empobrecido cada parte de nuestro territorio que ha explotado. Eso también plantea un reto enorme. Tic tac tic tac tic tac tic tac.