Es muy difícil encontrar en el mundo sistemas de transporte público que no merezcan la crítica de sus usuarios. También es muy difícil encontrar sistemas que no requieran de alguna forma de subvención estatal o municipal. Esto se debe, en parte, me parece, a dos factores principales, a saber: primero, a que son millones de personas —léase votantes— los que hacen uso del transporte público; y segundo, al hecho de que, con un sistema de transporte público eficiente, no solamente gana el usuario, sino el conglomerado social en general.

Así, por ejemplo, durante la presente pandemia un buen número de las empresas que obtuvieron autorización para continuar operando se vieron en la necesidad de brindar a sus trabajadores algún servicio de transporte, con el consiguiente coste para ellas. Lo han hecho, porque el coste de que no pudieran llegar a trabajar sus empleados era mayor.

En Guatemala el transporte público es, en general, deficiente. Hay ciertas diferencias entre el transporte urbano, sobre todo el de la Ciudad de Guatemala, y el extraurbano y el de ciudades de menor tamaño. Pero, en general, su organización deja mucho que desear, al igual que la aplicación de las reglas sobre seguridad de los pasajeros y del tránsito.

De cara al retorno a eso que se denomina “nueva normalidad”, creo que hay ciertas lecciones muy importantes que aprender. Me refiero a que quitando esas empresas con los recursos y sus márgenes operativos les permiten brindar transporte a sus empleados, la inmensa mayoría de los trabajadores que continuaron trabajando, al igual que las personas que por otras razones necesitaron desplazarse de un sitio a otro durante la pandemia, y no tenían un medio de transporte propio, pudieron recurrir a algún tipo de servicio.

Por supuesto que se me dirá que han sido alternativas muy costosas, menos seguras o de menor disponibilidad que el transporte público en condiciones “normales”. Y todo eso, en muchos casos, es verdad. Sin embargo, el hecho es que hubo una demanda que, de alguna manera, fue atendida y llenó una necesidad importante.

El retorno del transporte público plantea un enorme desafío, pues, para empezar, no existen las condiciones para que se dé, a las horas pico, ninguna forma de distanciamiento social o personal. No, sin que muchos usuarios tengan que modificar sus rutinas y horarios para poder subir a uno de los bien conocidos autobuses del servicio urbano o del extraurbano.

Ante esa realidad, creo que puede recurrirse, complementariamente, a otros medios de transporte que pueden concebirse como de “mínima regulación” y se compondrían, principalmente, de los mismos microempresarios que en la actualidad están cubriendo con sus servicios una demanda real de transporte.

Esa mínima regulación supondría, pienso yo, registrar al vehículo y a sus choferes, determinar que se cumpla con un estándar mínimo de seguridad vial y que se puede dar el distanciamiento social requerido. A partir de ese punto, dejar en manos de los demandantes y los oferentes pactar lo que mutuamente les convenga. En el vehículo se puede estampar un aviso oficial con su número de registro y el máximo de pasajeros que pueda llevar, para que pueda ejercerse un mínimo control de seguridad y sanitario. En fin, pienso que estos son momentos para abrirse a nuevas opciones que puedan funcionar para la nueva normalidad.