En la década de 1980, en América Latina la transición democrática tuvo su mejor cimiento en la creación de autoridades electorales independientes para garantizar procesos transparentes. En aquel momento la dinámica internacional giraba en función de cristalizar los esfuerzos y se fundó el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) como brazo técnico del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el cual jugó un papel de primer orden en apoyo técnico y jurídico. Su primer director ejecutivo, Jorge Mario García Laguardia, consolidó una formidable red de autoridades electorales con objetivos comunes. En nuestro país se firmó el Protocolo de Tikal, el cual sirve como instrumento de cooperación y solidaridad mutua entre las autoridades de Centroamérica y el Caribe.

El fatídico 11 de septiembre de 2001, cuando EE. UU. sufrió el mayor ataque terrorista de su historia, en Lima, Perú, se firmó la Carta Democrática Interamericana, cuyo objetivo era la consolidación de la democracia en las Américas y, en aquel momento, se confió a la OEA su liderazgo. Las misiones de observación electoral y de asistencia electoral en nuestro hemisferio supieron imprimir certeza a las dinámicas nacionales y este será buen momento para ver los fallos no asumidos.

Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá, Perú, Colombia y Dominicana, que registraban serias anomalías electorales a finales del siglo pasado y principios de este, encauzaron sus inquietudes electorales por derroteros técnicos y la solvencia de la autoridad electoral jugó un papel de primer orden. Estoy seguro de que si no hubiera sido por el esfuerzo de Arturo Herbruger Asturias, Manuel Ruano Mejía, Justo Rufino Morales Merlos, Gonzalo Menéndez de la Riva y René Búcaro Salaverría, como primeros magistrados titulares, acompañados de John Schwank Durán, Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano, Luis Arturo Archila L., Manuel Aldana y Víctor Ferrigno, como suplentes, nuestras primeras experiencias electorales no habrían sido lo que fueron. El TSE es la única institución a la cual se le reconoce su trabajo en los acuerdos de paz, y esto ya nos da una muestra de cómo en 1996 se consideraba a la autoridad electoral, a pesar de que sí se establecían compromisos para modernizar el régimen electoral con el objeto de hacerlo más eficiente.

El sábado pasado, elPeriódico informó, documentó y publicó que un magistrado titular del TSE, Ranulfo Rafael Rojas Zetina, acreditó para su elección un doctorado inexistente respaldado por la Universidad Da Vinci, cuyo decano figuró como postulador para la integración del actual Tribunal Electoral. Igual suerte corre una supuesta maestría del magistrado suplente Marco Antonio Cornejo Marroquín. Debemos ser justos y saber que la crisis de credibilidad de la Universidad Da Vinci jamás se hubiera producido si no fuera porque en su momento el Consejo Superior Universitario de la Usac avaló el doctorado —con tacha— de Manuel Baldizón, cuando este ostentaba mucho poder. La crisis es apañada con el silencio cómplice de los colegios profesionales y ahora habrá que esperar consecuencias.

El punto central es que, si existe un presidente de la autoridad electoral que cometió fraude para acreditar su experiencia y así obtener un cargo público, es absurdo considerarlo idóneo para certificar la voluntad popular. Sin duda alguna, los dos magistrados electorales deben renunciar si queremos medio construir una democracia seria, y acá sí las universidades, los colegios profesionales, pero sobre todo los partidos políticos, juegan un papel de primer orden.

La primera línea de la defensa constitucional se escribe con la exigencia de idoneidad de sus guardianes y no puede existir un justo guardián cuando registró fraude para sentarse en la silla.