Las elecciones generales previstas para el próximo año estarían en grave riesgo de perder credibilidad si los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) continúan con las nefastas acciones que podrían debilitar el proceso democrático. Una de ellas son las amenazas contra dos eventuales aspirantes presidenciales de que no podrán participar como candidatos y las advertencias contra una tercera, mientras a los políticos oficialistas se les permite impulsar campañas de forma descarada. El otro peligro lo representa la intención de comprar equipo tecnológico para el conteo de los sufragios, lo que podría poner en peligro la transparencia del proceso. Esta adquisición, por demás opaca, es innecesaria y alienta los temores de un posible fraude electoral. Los magistrados del TSE han dado muestras de responder a los intereses del presidente Alejandro Giammattei y existen serias dudas de que puedan favorecer la manipulación de los resultados electorales.

El Registro de Ciudadanos, del TSE, notificó a finales de octubre a Neto Bran, alcalde de Mixco, y al excandidato Roberto Arzú que no serán inscritos en las elecciones del 2023 por haber incurrido en propaganda ilegal. Asimismo, le advirtieron a la expresidenciable Thelma Cabrera que también podría quedar fuera de los comicios por los mismos motivos. Esta es una medida anticonstitucional porque veda el derecho de cualquier guatemalteco a elegir y ser electo, además de violentar el derecho a la libre emisión del pensamiento, sobre todo porque en la actualidad no existe un solo candidato que pudiera efectuar propaganda ilegal. Claro, los únicos que pueden hacerlo son los posibles aspirantes que conforman la alianza oficialista. Ahí tenemos a Sandra Torres, de la UNE; Zury Ríos, de Valor; y Manuel Conde, del PAN-Vamos, quienes han dado muestras claras de realizar campaña adelantada por redes sociales y en actividades masivas. Sin embargo, el Registro de Ciudadanos mira para otro lado.

También resulta preocupante la intención de los magistrados del TSE de adquirir equipos tecnológicos, entre ellos uno que se utilizaría para la captura, transmisión y oficialización de los resultados de los comicios del próximo año. Este equipo sustituiría la labor que efectúan con bastante acierto las juntas electorales y las juntas receptoras de votos, que dan legitimidad a las elecciones. Parte del atractivo de que los comicios sean una fiesta cívica y democrática es la participación ciudadana en esas juntas que garantiza la transparencia en la emisión de los sufragios. Ahora el TSE quiere eliminar este proceso para que sean máquinas las que escaneen los resultados y solo los magistrados tengan acceso a los datos, lo cual le resta transparencia al proceso electoral. ¿Qué sucedería si hay errores en las actas? ¿Quién puede garantizar que los resultados no sean manipulados por quienes tendrán acceso exclusivo a los datos?

Por estas razones se ciernen nubarrones sobre el proceso electoral. El TSE no puede ni debe decidir en forma arbitraria quiénes pueden participar en los comicios y quiénes no. Son medidas antojadizas que más parecieran responder a un plan para favorecer a la alianza oficialista. Lo mismo ocurre con la intención de borrar del mapa a las juntas que permiten la cadena de custodia del voto y la verificación cruzada del escrutinio, además de que han facilitado la obtención de resultados la misma noche de las votaciones. Por eso existen serias dudas de que no se trata de la búsqueda de la modernización del sistema electoral, sino de una artimaña para la manipulación de los votos y que no sea la voluntad ciudadana la que decida, sino los oscuros intereses de la alianza oficialista. Es urgente que los magistrados del TSE actúen de forma independiente y eviten las acciones que nos hagan retroceder a los oscuros días de los fraudes electorales.