El sector justicia en Guatemala se ha enfrentado a muchos problemas durante las últimas décadas, que van desde la alta carga de casos presentados ante los juzgados y cortes y la demora de estos para resolver, hasta que el sistema que se utiliza para la elección de los más altos magistrados es propenso a que grupos de interés puedan ejercer su influencia para tal efecto, lo que se traduce en resoluciones que muchas veces no se encuentran basadas en Derecho sino que atienden intereses particulares.

Tales problemas son evidentes, se han agudizado aún más durante el último año y se continuarán agravando en los próximos meses.

Se han agudizado durante el último año pues la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia lleva más de seis meses de retraso, en un proceso que se ha visto truncado, sin mayor claridad sobre si las actuaciones que se han hecho son legales o no, y con una Corte de Constitucionalidad ordenándole a otras entidades del Estado su intervención en el mismo. En tal sentido, se puede asemejar el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia a un barco que navega en aguas turbulentas, en medio de una tormenta cada vez mayor, y sin mucha visibilidad sobre lo que hay a su alrededor ni en qué puerto va a finalmente atracar. Sumado a lo anterior, se empieza a hablar sobre una reforma constitucional en la forma de elección de dicho organismo del Estado, y, aunque es prematuro opinar sobre dicha propuesta por no haber sido estudiada a profundidad, prima facie pareciera que contendrá los mismos vicios, pues continúa incentivando que sean grupos con intereses e incentivos diversos quienes elijan a los magistrados, sin mayor escrutinio ni vigilancia por parte de los ciudadanos, manteniendo así a la justicia cooptada.

Por otra parte, menciono que se continuarán agravando los problemas en nuestro sector justicia, pues las medidas tomadas en nuestro país a raíz del covid-19 darán lugar a una serie de litigios de distinta naturaleza (civiles, mercantiles, laborales, etc.), de diversas cuantías, en muchos casos buscando la protección de garantías constitucionales, y en todos los casos buscando encontrar una solución justa a sus controversias. Así, se viene una enorme ola de casos que se presentarán ante los juzgados, y si los jueces ya tenían una alta carga de trabajo y los ciudadanos ya tenían que pasar un largo período de tiempo en espera de una resolución, ahora los jueces tendrán aún más casos y los ciudadanos tendrán que esperar aún más tiempo.

La pureza y eficiencia de un sistema de justicia en un Estado se traduce en el respeto y garantía de los derechos humanos de sus ciudadanos; no solo porque permite hacerlos valer directamente, sino porque es imprescindible para la buena economía de un país, lo que termina en un mejor nivel de vida de las personas, permitiendo el acceso a mejores sistemas de salud y educación.

La eficacia del sistema de justicia de un país es uno de los factores más importantes que los inversionistas toman en cuenta a la hora de decidir iniciar operaciones; evaluando no solo la transparencia de las resoluciones judiciales y los índices de corrupción en el sistema de justicia en general, sino también la claridad de las disposiciones legales y aplicación de las mismas en las resoluciones de los órganos jurisdiccionales del país. Es por ello que, al momento de estudiar las medidas para hacer frente a la crisis económica del país y aquellas para incentivar su reactivación y crecimiento, no se puede perder de vista que el funcionamiento del sector justicia tiene repercusiones directas, por lo que debe de ser atendido como materia de primer orden.