En Guatemala, la elección de fiscal general debería ser tomada más en serio que la elección presidencial. Los presidentes guatemaltecos tienen patrones y, en muchos casos, los fiscales generales también; las manos de quienes mueven los hilos de unos y otros, generalmente son las mismas. La diferencia está en las funciones medulares de cada cargo.

En teoría, el presidente guatemalteco representa la unidad nacional, debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes del país, y debe garantizar la seguridad ciudadana, entre más. Un cargo eminentemente político y de representación. En cambio, una/un fiscal general tiene en sus manos la investigación criminal en delitos de acción pública, el esclarecimiento de los hechos, la persecución penal de los criminales y también el estricto cumplimiento de las leyes. Una persona honorable, ética y capaz en el puesto de fiscal general puede, por ejemplo, perseguir a un presidente y demás funcionarios corruptos. Es un puesto clave en la maquinaria anticorrupción y de justicia de cualquier Estado.

Entiendo que las elecciones no cambian a un país como Guatemala, secuestrado por el narco, una patronal miope y los corruptos de todos los sectores (incluidos Iglesias y Ejército) que le hacen el juego a cualquier mafia. Este sistema ha sido suficientemente probado como fallido para las grandes mayorías y seríamos muy ingenuos si creyéramos que esta arquitectura mafiosa política-jurídica-económica que bien sirve a unos pocos, la vamos a derrotar en las urnas o en un solo proceso de elección. Pero por algún lugar debemos comenzar y ninguno mejor que la elección de fiscal general, porque es clave para que la maquinaria comience a girar en otra dirección o, en su defecto, para darle continuidad al modelo perverso que le funciona tan bien a la alianza mafiosa que nos gobierna. Ya vimos cómo una fiscal general pudo retroceder una década en materia de justicia e impunidad.

El 31 de enero se instaló la comisión que está evaluando las candidaturas para elegir fiscal general del Ministerio Público. En ella participan la cuestionada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, los decanos de las distintas facultades de derecho y los representantes del Colegio de Abogados. Pero hay otra comisión paralela, actuando de manera informal desde hoteles, oficinas y restaurantes capitalinos. A partir de las listas de posibles candidatos que circulan también en redes, entre las cuales está la actual fiscal general, junto a otros nombres igual de controversiales, hay pulsos de poder para llevar a la persona que operaría, desde el MP, a favor de corruptos y criminales. Se dice que, diversos grupos con cierta influencia, ya decidieron quién es su candidato o están reuniéndose para pasar el nombre de su elegido/a en medio de las sombras.

En todo este proceso, Giammattei se la juega fuerte, porque la decisión final de quién llega a la silla del MP está en sus manos y su cola es muy larga. No solo comenzó marcando distancia con el G13 en este proceso de elección, sino que en la región ya hay un gobierno más afín que el guatemalteco a la política exterior de EEUU, lo cual puede determinar que dejen de respaldarlo ante una mala decisión. La comisión postuladora tiene una gran oportunidad de transparentar el proceso y llevar al MP a quien tenga las mejores calidades éticas, profesionales y humanas. Queremos un/a fiscal general al servicio de la población guatemalteca, no al servicio de la corrupción y los grupos de poder.

Ya lo dijimos, Guatemala no cambia con una elección y el mismo Otto Pérez dijo en una entrevista reciente que “las cosas siguen y siguen peor”. Dependemos de que este Estado se reimagine, se reinvente, se reconfigure y eso lleva tiempo. Pero tenemos una oportunidad, una grieta por donde se cuela una pequeña luz y no estamos para desperdiciar ni ese pequeño destello.