La Justicia Constitucional centroamericana no puede estar en mayor entredicho, la de Nicaragua y Honduras permitieron reelecciones indefinidas de sus presidentes pasando por alto prohibiciones constitucionales, pero lo más grave, la nicaragüense si siempre fue pírrica ahora no es más que un monigote, solo sirve para validar cualquier abuso de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes enarbolan la bandera de la Revolución Sandinista pero ahora barnizada con mensajes bíblicos. El lunes recién pasado, el gobierno nicaragüense publicó la cancelación de la personalidad jurídica de varias ONG y, por supuesto, las perspectivas de impugnación son nulas, cuando el sistema funciona al son de quien manda.

En El Salvador, Nayib Bukele, al obtener gran mayoría parlamentaria, obligó a los nuevos legisladores a jurarle obediencia y luego dispuso la destitución de magistrados molestos que habían decidido, en torno a su texto constitucional, que algunas decisiones sobre la restricción de derechos por la pandemia eran inconstitucionales. La Asamblea Legislativa se encargó de nombrar a nuevos jueces, quienes, de seguro, serán obedientes y no deliberantes.

En Guatemala estrenamos magistratura en la CC. Son clarísimos los obstáculos dolosos armados para impedir a Gloria Porras, electa por el CSU, asumir su magistratura; y esto se da en un contexto donde aún existe acoso a José Francisco de Mata Vela, María Cristina Fernández, Mynor Par, Neftaly Aldana y a quien en vida fuera Bonerge Amílcar Mejía, por sentencias dictadas al ejercer su cargo. Don Alejandro Maldonado ha sido claro, tanto en charlas como en sus escritos, en evidenciar lo peligroso y dañino de estas situaciones.

Es absurdo e ilegal que seis personas sufrieran y sufran acoso por el contenido de sus resoluciones en la Corte. Esto convierte al Tribunal Constitucional en un órgano inoperante, pero sobre todo dibuja una caricatura sobre el esquema de protección de nuestros derechos. Basta imaginar una ponencia que describa esta situación en un Congreso Jurídico Iberoamericano para convertirnos en otro hazmerreír junto a los hermanos catrachos y nicas.

Los actuales magistrados de la CC tendrán que demostrar con sus decisiones un compromiso claro en torno a la defensa del régimen de legalidad, o de lo contrario la legitimidad del proceso democrático enfrentará mayores crisis, y lo peor del caso es que, dados los antecedentes de sus antecesores, solo es cuestión de tiempo enfrentar denuncias por el contenido de sus resoluciones; siempre existirá alguien no complacido con lo resuelto. En el país, el nivel de debate es tan precario y tan rupestre que pretendemos discutir en lo penal los alcances de los derechos humanos o los límites del ejercicio del poder.

Hemos tejido dinámicas de suicidio institucional, siendo el Colegio de Abogados uno de los primeros promotores con su mudo aval. El 25 de mayo de 1993, siete grandes guatemaltecos, encabezados por Epaminondas González Dubón (luego asesinado y el crimen sigue impune), le dijeron no al abuso de Jorge Serrano Elías, defendieron una constitución con solo siete años de vigencia. Los nombres de los restantes seis son Adolfo González Rodas, Jorge Mario García Laguardia (nuestro más grande constitucionalista hasta la fecha), Gabriel Larios Ochaita, Antonio Monzón Juárez, Carlos Enrique Reynoso Gil y Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano.

Pretender deslegitimar la justicia constitucional, como concepto, por intereses políticos es mezquino porque perdemos todos. Estos temas con nubarrones grises en el paisaje institucional son inútiles porque nuestra realidad nos carcome, pero debemos siempre defender los ideales y sobre todo valorar y señalar las actitudes que arman y desarman instituciones.