La perpetua búsqueda por la perfectibilidad es agotadora, en ocasiones no rinde los frutos esperados. Tratamos de alcanzarla en diversos ámbitos de nuestras vidas privadas, pero también en la vida política. En el ámbito público la tarea se vuelve aún más difícil, ya que no solo nos implica a nosotros mismos, sino a toda la ciudadanía. La elección de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2021-2026 nos ilustra cómo buscar lo ideal puede crear una tensión complicada, mas no imposible de resolver, con la realidad del país.

El proceso de designar a los magistrados de la CC es una responsabilidad que recae en cinco instituciones: Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia, presidente en Consejo de Ministros, Consejo Superior Universitario y Colegio de Abogados y Notarios. Estas instituciones tienen que cumplir un mínimo de requisitos para llevar a cabo esa tarea; sin embargo, tres de ellas no tienen una metodología detallada en ley de cómo deben realizar el proceso. Con ello surge una plétora de interrogantes sobre cómo obtenemos entonces la mejor Corte de Constitucionalidad posible. En primera instancia se espera un proceso limpio que tenga como resultado la elección de magistrados idóneos. Una herramienta útil para saber qué tipo de magistrado se requiere para una corte de tan alta envergadura es el perfil ideal. Este se utiliza para evaluar a los candidatos y conocer si realmente son los más capaces e ideales para el cargo.

Para que exista independencia judicial, los magistrados deben ser imparciales y jamás ceder ante influencias o presiones externas. Esto, a su vez, es clave para garantizar que la magistratura se considere un cargo de honor. La cualidad de honorabilidad debe ser un aspecto sobresaliente entre los magistrados. Por lo general, se entiende que la honorabilidad se basa en una trayectoria personal y profesional intachable, así como un consistente desempeño de apego a las leyes y al Derecho. Para demostrar su competencia para el cargo, los magistrados deben tener amplios conocimientos legales y un nivel de razonamiento y análisis jurídico alto, ya que muchos de los casos de la CC determinan incluso el rumbo económico y político del país. Finalmente, un magistrado ideal debe demostrar un claro compromiso con la protección de los derechos y libertades básicas de cada guatemalteco. Debe ser consciente de que su compromiso es garantizar y defender lo que la Constitución establece.

Todos estos aspectos apuntan lo normativo; por lo tanto, hay una diferencia entre lo ideal y la realidad del proceso. Por ejemplo, se ven candidatos con vínculos e historiales que ponen en tela de juicio su independencia o su honorabilidad. Esto implica que es necesario estimar hasta qué punto nuestro contexto actual ayuda a que profesionales verdaderamente ideales participen. También si la realidad nos permite poner en práctica los mecanismos para evaluar objetiva y claramente los aspectos de excelencia que se buscan en los próximos magistrados. Las leyes constitucionales no obligan a que el perfil ideal exista, pero es importante para el proceso y para el conocimiento de la ciudadanía, cuya confianza hacia la justicia se ha erosionado gravemente en los últimos años.

Los ciudadanos no escogemos a los magistrados; por lo tanto, la rendición de cuentas es más difícil. Sin embargo, un perfil ideal permite que podamos evaluar y exigir a los magistrados un apego a los valores y actuaciones que se esperan de ellos. Apuntar a lo ideal no debe ser desalentador, sino una guía para alejarnos de la mediocridad.