Hace tres años escribí el artículo Las golondrinas y la justicia, sobre la jueza Erika Aifán. Creo que el momento demanda volver a publicar una parte del texto. Parto de aquel 2001, cuando ella obtuvo el primer lugar en la Escuela de Estudios Judiciales, con un promedio de 98 puntos. Según la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial (OJ), los primeros diez lugares deben ser nombrados como los más aptos para ocupar el cargo al cual aplican. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no nombra entonces a Erika Lorena Aifán Dávila. Cuando ella pregunta por qué, le responden con un “Téngase presente para su oportunidad”.

La Corte de Constitucionalidad (CC) la ampara y ordena a la CSJ nombrarla en un plazo no mayor de cinco días. Como castigo, la CSJ la nombra, pero la envía a Ixchiguán, San Marcos, donde pasa más de tres años como jueza. Así, entra a formar parte de la denominada “lista negra”, conformada por abogados/as y funcionarios a quienes les hacen la vida imposible por no estar del lado de “la estructura” pro impunidad y corrupción dentro del OJ. Sistemáticamente le niegan permisos de atención médica, insumos y trabaja en condiciones precarias. Un día, por un error de cálculo, oye a una persona que aún trabaja en la CSJ decirle por teléfono a su oficial: “Mirá, mijito, tú seguí entreteniéndola. Ya sabés que tenemos instrucciones de desesperarla”.

Cuando cambia la Corte (2006), la envían a Jutiapa como jueza de primera instancia penal. Nunca antes una mujer había ocupado ese cargo, en el cual se mantuvo por más de nueve años. Con el respaldo de esa Corte, Aifán obtiene por primera vez seguridad. Ella llegó a “oralizar” Jutiapa, cambió el personal que no compartía su enfoque de trabajo, y fue fundadora de la Asociación de Abogadas y Notarias de Jutiapa, con fines académicos. De 29 casos anuales, la mayoría por accidentes de tránsito y parecidos, el juzgado pasó a conocer 60 casos de alto impacto en el segundo año, hasta llegar a casi 300 al término de su gestión. Durante ese período, es ella quien lleva el Caso Parlacén y Blanca Stalling pide que la investiguen por “poner fianzas muy altas”.

En 2014, la parte de “la estructura” que vuelve a la CSJ no la olvida. Ante la sospecha de que pueda optar al cargo de magistrada de sala, surgen más denuncias en su contra, una a cual más infundada, malintencionada e increíble que la anterior. Todas son descartadas. Vuelven a castigarla, enviándola a Santa Rosa, como parte del Tribunal de Sentencia. Mientras ella conduce su último caso en Jutiapa, escucha que le dedican en la esquina de enfrente canciones como Te vas ángel mío, Sacaremos ese buey de la barranca y Las Golondrinas, entonadas a voz en cuello por sus “colegas” del gremio.

En el 2015, abogados que hoy son defensores de acusados en casos como Corrupción y Construcción vuelven a tomarla en su contra, interponiendo recursos para sacarla de la jugada. La CSJ le cambia cada 15 días a su personal de seguridad. En el 2016, Aifán opta al cargo de jueza de Mayor Riesgo y lo consigue. Hoy, los tentáculos de “la estructura” son tantos que sigue trabajando con poco apoyo. La jueza ha llevado casos gigantes como el expediente #359 (Construcción y Corrupción, Financiamiento Electoral Ilícito, Odebrecht, Comisiones Paralelas, Red de lavado, Casa Antigua) entre otros. Por eso presentan un antejuicio tras otro en su contra y cada vez la atacan más despiadadamente. De hecho, cuando se da el desmantelamiento de la Feci y retiran todos los expedientes, ella ofició en contra. ¿La venganza ahora será ponerle una trampa, hacerla archivar procesos para que ordene la libertad de sindicados en casos de alto impacto, destituirla y luego llevarla a prisión? ¿Por qué en Guatemala una jueza justa, independiente y valiente es la que teme, y no los criminales que son juzgados? #ConUstedJuezaAifán