Estado de Derecho, ley y orden e ideología
Los tres organismos de Estado tienen que cumplir con lo que ordena la Constitución.
Las instituciones se pusieron a prueba entre junio 2023 y enero 2024, es decir, desde la primera vuelta de las elecciones hasta que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieron el mandato. Nuevamente se están poniendo a prueba, producto del audio que circuló en redes sociales donde el presidente Arévalo destituye del cargo a la ministra Jazmín de la Vega y también por el ilegal procedimiento en el Organismo Legislativo de la aprobación de la ampliación presupuestaria. A esto hay que agregarle que, por mandato constitucional, para el 13 de octubre deben estar electos e instalados nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de salas de Apelaciones.
Un funcionario público, incluido el presidente de la República, puede hacer únicamente lo que la ley le permite.
Si los tres organismos de Estado tienen que cumplir con lo que ordena la Constitución Política de la República y con las leyes vigentes del país, entonces el ruido que genera el proceso de las elecciones en el Organismo Judicial quizá se resuma en que hay luchas de los poderes que han corrompido el sistema de justicia, pero también de los que queremos a personas decentes que cumplan con el perfil del cargo y que lleguen a servir para cumplir con el mandato de justicia pronta y cumplida, con transparencia en los procesos. Es importante tener claridad que inversionistas locales y extranjeros siempre están viendo riesgos. Un sistema de justicia sano es clave, y si en Guatemala el camino es para bien, entonces habrá más confianza para que esos capitales inviertan en el país. Siempre, a mayor certeza jurídica, mayor la inversión.
El procedimiento ilegal de la votación por la ampliación del presupuesto 2024 ha sido puesto a luz pública en medios de comunicación, programas de debates y en redes sociales con suficiente sustento de las ilegalidades cometidas, empezando por romper la interpelación del ministro de Gobernación, hasta por ilegalidades ya planteadas por diferentes actores en la Corte de Constitucionalidad. Toca nuevamente a la CC hacer lo mismo que hizo en enero ante la elección ilegal, el 14 de enero, de la Junta Directiva.
Pero es interesante analizar cómo el interesado —el Gobierno— logró los votos de los diputados distritales, no importando el partido político al que pertenecen. Eso pone en riesgo el manejo partidario de la votación en el pleno, por lo que seguramente algunos secretarios generales y algunos jefes de bloque estarán evaluando cómo mantener el orden en la votación partidaria, tal y como sucede en la mayoría de los países occidentales.
Ahora bien, el evento del audio donde Arévalo conversa con Jazmín de la Vega y le anuncia su remoción del cargo es muy complicado, porque en ese audio hablan de una lista de pagos a proveedores que el presidente le ordenó hacer a la ministra, según se escucha y según reportes posteriores de quienes se han dado a la tarea de profundizar en el asunto. Un periodista, en un programa de debates de TV, dijo claramente que, a un funcionario público, incluido el presidente de la República, puede hacer únicamente lo que la ley le permite. Mientras tanto, el presidente Arévalo, a la pregunta de una periodista sobre la veracidad del audio, dijo que aparte de ser real, sí tiene la potestad de hacer lo que hizo. Ahora toca seguir los procedimientos que enmarca la ley para que este evento quede claro a la ciudadanía si fue legal o no, y si no fue, hacer lo que la ley ordena.
Es un buen momento para que el presidente Arévalo se rodee de las personas más competentes que estén a su alcance, para que pueda gobernar como se debe. Esto incluye que sea cuidadoso en los nombramientos de personas que tienen historiales, ya sea de cometer ilegalidades o confrontación social, porque en lugar de buscar la unidad nacional y fomentar el diálogo, que es parte de la oferta electoral, está poniendo en esquinas a los actores y eso no le viene bien al país.
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