El himno nacional dice “…que tus aras no profane jamás el verdugo, ni haya esclavos que laman el yugo ni tiranos que escupan tu faz…” Hoy, 15 de septiembre, la frase se aplica: tiranos y verdugos tienen secuestrados a los guatemaltecos. Guatemala prohibió la esclavitud en 1824, 39 años antes del decreto de Lincoln en Estados Unidos, y el regreso de esta causará los esclavos sociales, políticos y económicos de esta época. A causa de los desmanes, ejemplificados con la avalancha de acciones politiqueras disfrazadas de independencia de los poderes del Estado, han logrado colocar a nuestro país en la mira internacional como nunca antes había ocurrido, mientras la actitud presidencial, desafiante y con mentiras y burlas, niega tercamente la realidad por su ceguera.

Ya es pública y notoria, como dice el acta de 1821, la perversión dictatorial oficialista de hoy. Entidades y personas de distintas y hasta antagónicas posiciones e ideas lograron unidad de criterio en la fundamental exigencia del respeto a los resultados electorales, no por apoyo a los electos, sino porque el irrespeto a la voluntad popular puede llevar a abrir la puerta a manifestaciones populares internas, permitidas constitucionalmente aunque arriesgadas. Al crearse violencia causada por infiltrados, otorgan el pretexto perfecto para lograr su real objetivo: burlar la voluntad popular y afianzar la dictadura. Los informes jurídicos son un listado de las ilegalidades e inmoralidades y serán documentos valiosos para la severísima condena de la Historia.

Aumentan las voces abiertas y vehementes para exigir derechos ciudadanos. Los sectores silenciosos disminuyen y se integran tácitamente a un statu quo producto de docenas de años con abusos de toda índole. La terquedad de quienes han roto y burlado el sistema jurídico ha necesitado explicaciones absurdas a toda lógica y a toda ética. Nunca la imagen internacional de Guatemala había llegado a barrancos y a simas tan profundas, y el reciente secuestro de las papeletas provocó un nuevo e inmediato rechazo de Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea, cuya irritación es resultado directo de la burla de Giammattei cuando estentóreamente prometió entregar a “usted” (Arévalo) casi simultáneamente a la invasión al TSE por sus lacayos y con ello ahondar la innegable crisis.

El MP —vía Curruchiche— se apoderó de las urnas con los votos. El escándalo fue mundial, además de local, y su justificación naufragó de inmediato, por derivar de una denuncia anónima. El anonimato es cobarde, quiere causar daño. Haberlo justificado así impide aclarar si es real o producto de una confabulación interna llevada a cabo por Consuelo Porras, ni si fueron ella o su fiscal preferido quienes lo redactaron. Otro duro impacto provino de un constitucionalista, quien recordó dos textos constitucionales, uno del derecho constitucional de todos los empleados públicos, policías y militares a negarse a ejecutar órdenes manifiestamente ilegales, y el otro la pena de varios años de cárcel a quienes intenten cambiar resultados para beneficiarse o impidan la entrega del mando a los ganadores.

La confiabilidad del sistema electoral descansa en el patrio ardimiento de los miles de voluntarios partícipes en el gigantesco esfuerzo de atestiguar la veracidad y custodios de toda la cadena. Su dignidad está siendo apuñalada por el MP y esto impide al quetzal volar “más alto que el cóndor y el águila real”. Deben mantenerse tradiciones como los desfiles de antorchas, pero con normas para no causar caos. Ojalá esta celebración cause el despertar de ese largo sueño provocado por el desinterés de ciudadanos probos, al no involucrarse en la vida política. Esa falta de voluntad permite la llegada de truhanes, mentirosos, corruptos e irresponsables. Verdad dura, pero cierta. Hay un hecho positivo: la Constitución es valiosa, confiable y fuente de solución de crisis políticas.