El clima electoral actual nos plantea la pregunta inmediata de a quién elegir. Sin embargo, es el momento oportuno de preguntarse qué principios morales construyen una sociedad sana y próspera. La Doctrina Social de la Iglesia ofrece algunos.

La persona es la referencia moral fundamental. Toda persona manifiesta su dignidad a través del ejercicio de su libertad responsable, cuando goza del derecho a la vida y cuando goza de condiciones que le permitan alcanzar los fines temporales y eternos para los que Dios la llama. Por eso, toda propuesta que niegue a los no nacidos, a los enfermos y ancianos el derecho incondicional a la vida es inmoral, como también toda disposición que atente contra el ejercicio de la libertad política, cultural, económica o religiosa de las personas.

La organización social básica de la sociedad es la familia. La familia se funda en el matrimonio, que es la unión, mediante compromiso público y exclusivo, de un hombre y una mujer para amarse y apoyarse mutuamente y engendrar y educar a los hijos. La familia surge de esa unión. Lograr que cada una de nuestras familias funcione y se realice según estos criterios es una de las principales contribuciones de los ciudadanos a la construcción de una sociedad sana. Al Estado corresponde proteger la familia y asegurar su estabilidad.

El principio de subsidiariedad salvaguarda la libertad personal y social. El principio dice que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción. Crear empresas para la producción de bienes y servicios, fundar y administrar instituciones educativas, buscar información veraz y divulgarla son algunas acciones que pueden realizar personas individualmente o unidas en sociedad. Disminuir o privar a los ciudadanos de la capacidad de emprendimiento atenta contra su libertad y su dignidad.

El principio del destino universal de los bienes va unido al derecho al trabajo como medio usual por el que cada persona adquiere una porción de esos bienes, a los que llama propios, con los cuales puede satisfacer sus necesidades temporales personales y familiares. El derecho al trabajo y al empleo para obtener el dominio sobre los bienes necesarios para la vida es primario. Es moralmente buena la acción política que promueve las condiciones que favorezcan que las personas individualmente o asociadas puedan crear empleos y trabajar. Los ejemplos abundan de cómo sociedades pobres y excluyentes se han vuelto prósperas e incluyentes.

El bien común se define como el conjunto de aquellas condiciones de vida social que permiten a los grupos y a las personas conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Un país en el que las condiciones de vida obligan diariamente a centenares de sus ciudadanos a emigrar no está organizado para realizar el bien común. Lograr este objetivo requiere de particular sensibilidad ética de los gobernantes. El bien común se estructura en base a dos pilares: leyes imparciales con fundamento ético y un sistema judicial independiente, capaz de ejecutar una justicia pronta y cumplida.

Una sociedad próspera es posible cuando los ciudadanos y los gobernantes están guiados por el sentido moral. La ley no puede ser sustituto de la conciencia moral de cada persona. El legislador no puede prever cada acción imaginable ni podemos asfixiarnos en una jaula de leyes para regular cada acción posible. Gobernantes honestos que impulsen políticas constructivas surgen de entre ciudadanos con sentido moral. Sin ética ciudadana no hay ética política.