Algunos analistas hablan del Estado fallido o frágil, refiriéndose principalmente a estructuras gubernamentales débiles que pierden el control de sus territorios. Obviamente, una invasión extranjera y una guerra civil erosionan a los gobiernos, pero estos también colapsan cuando caen presa de grupos criminales como el narcotráfico, o cuando sufren altos grados de desprestigio. Algunos efectos del Estado fallido son el deterioro económico, los abusos a los derechos ciudadanos y la emigración. El índice de Estados Frágiles, producido por un tanque de pensamiento llamado el Fondo para la Paz (FFP), coloca a Guatemala en la casilla 59 entre 178 países, en su edición del 2021. Guatemala es menos vulnerable que Yemén, Somalia y Siria, los estados más frágiles, pero carece de la estabilidad que caracteriza a Finlandia, Noruega, Suiza y Dinamarca.

Uno de los fines del índice de FFP es diagnosticar los factores que pueden provocar un estallido violento en un país determinado, como podría ser una inconformidad grupal o la inseguridad ciudadana. Los informes de FFP están dirigidos a formuladores de políticas públicas. En general, esta literatura exhorta a las élites políticas a liderar la transformación, de la mano de asesores iluminados. Pero las personas que pueblan tambaleantes estructuras de gobierno difícilmente tendrán el coraje o la capacidad para tal cometido.

En contraste con este enfoque, digamos “estatista”, el análisis de las decisiones públicas (Public Choice) toma como punto de partida al actor individual, y no así al orden internacional ni al Estado. Los tomadores de decisiones en la política son personas falibles, nos recuerdan autores como James M. Buchanan. A veces estas personas toman decisiones con base en información incompleta o deficiente, o responden a incentivos perversos, o tienen una visión cortoplacista. Generalmente priorizan los fines políticos sobre las metas socioeconómicas. Así, el análisis de las decisiones públicas centra su lupa en las instituciones y los incentivos que imperan sobre los agentes de decisión. Las mejoras en el funcionamiento del aparato gubernamental son resultado de reglas que inducen una respuesta eficiente y predecible en cualquier actor que ostente temporalmente el poder.

La controversia por las vacunas contra el covid-19 ejemplifica la diferencia entre los dos enfoques. El enfoque estatista cree que el mecanismo gubernamental centralizado es idóneo para vacunar a la población de forma eficaz y equitativa, y, por ende, las fallas en el manejo y la distribución de la vacuna son culpa de funcionarios ineptos. Consideran necesario despedir a un funcionario tras otro hasta dar con la figura ideal. Los analistas de las decisiones públicas, en cambio, asumirán que fracasará cualquier persona a cargo de un marco institucional mal diseñado. Por eso analizarán la naturaleza de las negociaciones entre los gobiernos y las grandes farmacéuticas, las diversas regulaciones del mercado de salud y los mecanismos de distribución centralizados, monopólicos y burocráticos.

El Public Choice concluye que las buenas reglas inducen buenos resultados. Recomienda una reforma estatal que disemina el poder de toma de decisión entre diferentes polos en la sociedad para aprovechar mejor la información dispersa y potenciar la detección de soluciones innovadoras. Recomienda claros límites al poder discrecional en manos de funcionarios. Con atribuciones más claras y resultados más efectivos disminuirá la insatisfacción ciudadana respecto del aparato público, se reducirán las oportunidades de colusiones turbias con organizaciones criminales y dejaremos de ser un Estado frágil.