Juan Francisco Sandoval era un fiscal de carrera en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) creada durante los años del experimento Cicig en Guatemala. Siempre fue visto el fiscal Sandoval como una persona muy cercana al excomisionado de Cicig Iván Velásquez, la ex fiscal general Thelma Aldana y el procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas. La destitución del cargo del exfiscal Sandoval lo dispuso la Fiscal General, su jefa inmediata, dando las razones del caso por comunicados a la opinión pública y entrevistas a medios de comunicación. El Gobierno de los Estados Unidos, que ha plasmado el interés en apoyar la gestión de la Feci, se pronunció a través de una declaración de la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado con fecha 27 de julio, donde textualmente dice en el texto público traducido al español: “Estados Unidos ha dejado claro a los niveles más altos del Gobierno de Guatemala nuestra opinión de que la lucha contra la corrupción es esencial para nuestros objetivos compartidos de fortalecer el Estado de derecho, aumentar las oportunidades económicas y abordar las causas fundamentales de la migración irregular.” También dice la declaración: “Entendemos que la destitución del jefe de la Feci fue una decisión tomada por una funcionaria guatemalteca actuando dentro de su autoridad como oficial, pero nuestra preocupación es por las implicaciones de esta decisión para el estado de Derecho y la estabilidad regional”. En mi opinión, hay dos temas fundamentales que atender: 1) Que la ley del MP permite a la fiscal general (cargo) destituir a subalternos (cargo) y 2) que el fortalecimiento del estado de Derecho va por el fortalecimiento de las instituciones y por la aplicación correcta de las leyes. Ahora toca que la nueva fiscal de la Feci siga una línea correcta de la búsqueda de la ley y el orden.

La semana pasada, varias organizaciones sociales se dieron a la tarea de convocar a un paro nacional como reclamo a la destitución del exfiscal Sandoval. La fecha de convocatoria fue el 29 de julio, e hicieron la campaña mediática en la manera que suelen hacerlo. Cuando vi las convocatorias y vi que Codeca, la organización que admite que roba energía para agenciarse de fondos y que a través de su partido político ya participa en elecciones, empecé a ver que el propósito del llamado a un paro nacional era otro. El jueves 29 no hubo un paro nacional, ya que no hubo voluntariamente ciudadanos dejando de trabajar y de movilizarse para poner presión al gobierno, sino que se dieron bloqueos de carreteras en todo el país y algunos en la ciudad de Guatemala, donde lo destacable es que eran pocas personas en cada bloqueo, pero que con eso fastidiaron a la población que buscaba desplazarse a su lugar de trabajo o su actividad normal de un día laboral. También se dieron declaraciones de líderes de los bloqueos, de donde saco dos conclusiones: 1) los bloqueos fueron eventos ilegales políticos donde envían mensajes políticos, y 2) esos bloqueos ya tienen mensajes que he visto en los intentos de desestabilización en Chile, Perú, Ecuador y recientemente en Colombia. Guatemala debe caminar por la ruta de respetar los derechos de los demás, y bloquear carreteras es violar derechos de otros ciudadanos. El derecho a manifestar del ciudadano no está por encima del derecho de la movilización de otro ciudadano.

La corrupción se combate, con pruebas, vía denuncia legal y denuncia mediática con presión a quienes roban del erario. La corrupción es un tema sumamente importante de atender, y por eso hay que fortalecer siempre las instituciones con mejora continua en las de control de lo público. Coincido con la declaración de Estados Unidos: “…la lucha contra la corrupción es esencial para nuestros objetivos compartidos…”.