La exasperación es la peor cualidad de un político. De nada valen los reclamos lanzados al aire frente a la conexión clandestina entre los poderosos, con sumisos vasallos miembros de organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es calificada como parte, en las actuaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En otras palabras, la Comisión es un órgano consultivo. En una controversia se considera poseedora de una posición interesada. Previo a una actuación jurídica, se le presta atención, pues los Estados, como personas morales, buscan mantener la legalidad. A las investigaciones de esa Comisión se les supone fundadas; por dicha razón, las recomendaciones se atienden para mantener el imperio de la ley.

No obstante, a veces expresa posiciones políticas, bajo suposición de hacer avanzar los derechos humanos. El tono de los documentos producidos varía mucho. Los comunicados de prensa son claramente parciales. Así, en el comunicado 037/22 referido al país, llama a impedir a los ciudadanos acudir a los tribunales en demanda del cese del derecho de antejuicio. Esta descabellada solicitud seguramente se trata de un exceso de celo por su oficina de prensa.

En el informe causante del mayor dolor al Gobierno, el informe anual de derechos humanos contenido en el Capítulo IV.b relativo a Guatemala afirma que el titular de la Feci fue destituido, en palabras textuales: en aparente represalia a las investigaciones a su cargo que involucrarían a altas autoridades del Estado guatemalteco, página 809. Como se lee en el informe, es una acusación sin base contra el Presidente Alejandro Giammattei: cuáles son las pruebas que se pueden aportar en un juicio por prevaricato, obligatorio para resolver este asunto. ¿Una investigación llega a conclusiones aparentes, es decir que parece y no es?

En lugar de indignarse ante esa imputación y aclarar el asunto que tiene consecuencias institucionales, la Cancillería literalmente solicita a la ilustre comisión considerar observaciones. La llama honorable, cuando le señala haberse apartado de sus disposiciones reglamentarias. Y al protestar su falta de atención a las observaciones nacionales, la llama distinguida. En contra, ante un hostigamiento similar, Nicaragua anunció el abandono de la OEA el 19 de noviembre de 2021. El canciller Denis Moncada la llamó instrumento diabólico del mal. Es una calamitosa, truculenta y mentirosa dependencia del Departamento de Estado del imperialismo yanqui, espetó.

Al comparecer el presidente Giammattei todo llevaba el tono acostumbrado: el país mantiene la Carta de la OEA, el Pacto de San José y el Estatuto de la Comisión IDH. Hay un problema de metodología, hay que ponerse de acuerdo, dijo. Pero en un arranque por el trastorno del déficit de atención e hiperactividad se acusó a los comisionados expertos de amenazas y extorsión, delitos tipificados en el Código Penal nacional y en casi todas las legislaciones del mundo, cuyo ánimo lucrandi, por deducción, se considera en el artículo 13 del Estatuto de la Comisión, ganar los viáticos y honorarios.

Mejor hubiere sido lo dicho por el presidente Daniel Ortega: los que nos condenan son los vendepatrias, los traidores, los que no tienen amor ni dignidad para sus pueblos. O repetir, como Moncada, las palabras del presidente Nayib Bukele de El Salvador: no somos colonia de nadie. Decirlo no ofende. Las relaciones internacionales no son para buscarse enemigos, pero sí reclamar respeto a la soberanía. A las calumnias no se les contesta con calumnias, sino con buen sentido.