Si bien es cierto que el sistema político de Guatemala ha exhibido múltiples deficiencias, tanto de diseño como de implementación, es sumamente importante, me parece, reconocer que aporta los elementos mínimos necesarios para que el régimen de gobierno del Estado pueda considerarse, de cara al futuro, legítimo.

En mi opinión, la enorme debilidad de los partidos políticos de Guatemala, en el sentido de que carecen de bases que sustenten una ideología más o menos definida y de reflejar en gran medida eso que se ha dado en llamar el “caudillismo”, obliga a cuestionarse cuál es el objeto del voto del ciudadano guatemalteco. ¿Para qué y por qué vota?

Sin embargo, algunos de los partidos han conseguido posicionarse desde hace más de dos décadas como representativos, sea de una visión conservadora, sea de una visión social demócrata de la organización del Estado y de la vida social. Quizás sean la excepción y no la regla, pero existen, funcionan y participan en la contienda electoral.

Por otra parte, el hecho de que los alarmantes niveles de corrupción den lugar a preguntarse sobre las intenciones, en general, de los candidatos, sobre todo de los que vuelven a presentarse sin tener nada que mostrar como trayectoria en pos de algún objetivo de interés público, tampoco es válida una posición de escepticismo absoluto. En ese sentido, todos los candidatos merecen más que el beneficio de la duda; merecen ser considerados con seriedad y, mientras no se pruebe su falta de idoneidad, con derecho a competir.

El tristemente célebre clientelismo, en sus múltiples formas, suscita una tremenda inquietud sobre la pureza del proceso y sobre la genuina intención electoral de muchos ciudadanos que, por razones que suelen asociarse a la pobreza que los aqueja, aceptan dádivas que comprometen su libertad de elegir. Empero, entiendo que los expertos consideran que el clientelismo es un problema real más al nivel de ciertas elecciones locales y de algunos distritos de diputaciones al Congreso, pero no a nivel sistémico.

Las fuentes de financiación a los partidos y la imposibilidad de fiscalizar las múltiples formas de eludir los controles, siguen empañando el proceso. El temor de que parte de dicha financiación provenga directamente del crimen organizado suscita los más hondos temores sobre los compromisos que, de llegar a ser electos, adquieren los futuros dignatarios o funcionarios. Sin embargo, también en este aspecto las capacidades especiales articuladas por el Tribunal Supremo Electoral aportan elementos objetivos para entender que los efectos de esta complejísima realidad se han contenido dentro de límites razonables.

Si bien las críticas sobre la limitada información concerniente a las propuestas de los candidatos y sus partidos tienen cierta validez, también es cierto que algunos medios de comunicación social, como este mismo, se han esforzado por traer a conocimiento de la ciudadanía al menos una síntesis de sus planteamientos principales. Es una tarea titánica porque, solo por el número de candidatos, las posibilidades de abarcar todo el espectro y de comparar opciones son muy limitadas. Pero nadie que estuviera interesado de verdad puede afirmar que nunca tuvo acceso a la información básica relevante.

En definitiva, reconociendo la imperiosa necesidad de reformar el sistema político-partidario-electoral, opino que los elementos mínimos necesarios para considerar a Guatemala un Estado con viabilidad todavía están ahí.