Mejorar la prestación de los servicios públicos de salud, educación, seguridad y justicia en Guatemala impactaría de forma positiva la calidad de vida de sus habitantes. En la actualidad, la provisión deficiente de ciertos servicios se compensa al consumirlos de manera privada. Solución accesible para personas con determinado poder adquisitivo, pero que impide vincular mayores esfuerzos por elevar la calidad de los servicios públicos. Una excepción importante es la justicia penal, sin importar el poder adquisitivo del usuario, el Estado es el único proveedor de este servicio. Por lo que su mejora pasa por comprender el arreglo institucional existente (las instituciones que participan en la impartición de justicia en la rama penal del derecho, sus marcos legales, sistemas de incentivos, presupuestos, resultados generados y desafíos) para identificar y priorizar los cambios legales, estratégicos y administrativos que impactarán positivamente el funcionamiento del sistema.

Un esfuerzo que amerita el desarrollo de una visión común, para lograr que los cambios concretos que se buscan en el sistema de justicia penal, por ejemplo: mecanismos idóneos para elegir autoridades al frente de las instituciones, reformas para reconocer nuevos delitos o tipificarlos de mejor manera, vinculación de presupuestos al desempeño de la institución, entre otros, guarden cierta coherencia y apunten hacia una misma dirección. Con ese fin en mente la Coalición por la Seguridad Ciudadana impulsó en 2016 el proyecto Elaboración de una Estrategia Nacional de Seguridad y Justicia, cuyo objetivo general es contar con un sistema de seguridad y justicia en el que las instituciones actúen de forma coordinada y articulada para el logro de metas comunes, dentro de las que se encuentra la reducción de delitos priorizados.

Desde su inicio, el proyecto ha contado con el compromiso de apoyo por parte de las autoridades al frente de las instituciones de seguridad y justicia. De pronto, una de las acciones contempladas se ha puesto en marcha, que es la creación de una herramienta de diagnóstico que permita identificar las principales interrelaciones entre las diferentes instituciones que participan dentro del proceso de impartición de justicia en la rama penal. Esta herramienta es el Flujograma de la Justicia Criminal, cuya metodología además de mapear procesos, mide las cargas de trabajo recibidas, atendidas y pendientes de atender. Estas cargas se relacionan y se utilizan para elaborar los indicadores que cuantifican la capacidad que tienen las instituciones (a nivel individual y en su conjunto) para manejar las cargas de trabajo que tienen pendientes de atender. En 2021, esta medición se ha automatizado y se encuentra disponible al público (www.justiciacriminal.gt).

Una medición del Flujograma que resume el desempeño del sistema (relacionando la cantidad de casos que han salido de forma definitiva en un año determinado, expresados como una razón del total de casos que ingresaron en el año analizado, más los que en años anteriores no hayan sido resueltos) indica que desde 2014 la capacidad del sistema de justicia penal de atender casos ha mejorado, pasando de 13.2% a 42.7% en 2021. A pesar de la mejora, todavía hay camino por recorrer, no únicamente en elevar la capacidad del sistema para dar salida a casos (en diciembre de 2021 habían más de 1 millón de casos pendientes de ser atendidos por la rama penal), también para aumentar la confianza hacia sistema y disuadir la comisión delitos al elevar la certeza de su castigo. Para lograr una mejora constante, es importante identificar instancias de coordinación entre las instituciones que intervienen en la rama penal de la justicia. En donde se desarrollen planes estratégicos para liberar los principales cuellos de botella del sistema. Que estén atados a indicadores puntuales de desempeño para asegurar un uso eficiente de los recursos financieros. Un esfuerzo que impactará positivamente la calidad de vida de los guatemaltecos y de futuras generaciones.

*Centro de Investigaciones Económicas Nacionales