Un amigo me preguntó por qué no comentaba algo sobre la coyuntura actual de la justicia en Guatemala, la división de poderes, las Cortes y lo que pasó con el Ministerio Público cuando la fiscal general removió de su cargo al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Le comenté que ya había escrito en el pasado sobre el tema de justicia, que la coyuntura actual es el resultado del sistema de elegir jueces y magistrados para las Cortes y ciertos cargos públicos, y que esa forma ha politizado nuestro sistema de justicia. Que hace unos años se hizo un intento serio de cambiar el sistema, pero los mismos diputados no lo permitieron. Ese intento serio vino con una propuesta de reforma parcial a la Constitución, que se llamaba ProReforma, y que todavía tiene validez.

Lo que haga el fiscal general de turno es de corto plazo, al igual que lo que hagan los magistrados de las cortes de Justicia y de Constitucionalidad. Ya vimos que, durante el gobierno pasado, el de Jimmy Morales, la Corte de Constitucionalidad estaba politizada ideológicamente, favoreciendo a grupos de interés de izquierda. Afectaron muchas inversiones en hidroeléctricas y minería, frenaban muchas decisiones del presidente, a quien tenían chantajeado con los problemas legales de su hijo y su hermano. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad cambiaron y ahora son afines al gobierno actual. A esto me refiero con que nuestro sistema de elección de jueces y magistrados es un sistema que está politizado. Lo importante sería discutir cómo hacer cambios de largo plazo que permitan minimizar esas politizaciones de jueces y magistrados.

En nuestro país sufrimos tanto de la politización de la justicia como de la judicialización de la política. Yo lo entiendo así. La politización de la justicia es la actuación de los jueces y magistrados en base a ideologías afines a los políticos de turno, no en base a derecho. Los jueces y magistrados dejan de impartir justicia a secas y la interpretan a su gusto, por sus intereses o ideologías. Eso no es justicia y está lejos de lo que nos permite alcanzar un verdadero estado de Derecho donde todos los habitantes del país somos iguales ante la ley. La judicialización de la política es lo que estamos viviendo en nuestro proceso electoral, donde los candidatos que no convienen a jueces y magistrados utilizan la ley para que sea favorable a los políticos de su conveniencia. De esta forma, a algunos candidatos se les impide participar metiéndoles demandas y juicios que les hacen la vida imposible. Se eliminan así opciones de candidatos para que los votantes elijan.

Para evitar lo anterior, ProReforma proponía un cambio en la elección de jueces y magistrados que considero que minimizaría que el gobierno de turno controlara el poder judicial. La forma de elección de jueces y magistrados sería, no a dedo, sino por sorteo entre los candidatos previamente calificados. Aunque no estaba en ProReforma cómo sería la selección de los candidatos, a mí se me ocurre que eliminaría a las universidades de ese papel y simplemente contrataría a tres firmas de recursos humanos de gran prestigio en el país para que hicieran la selección en base a datos objetivos (historial de estudios, experiencia, capacidades, conocimientos, que no tengan juicios abiertos, etc…). El candidato que tenga el visto bueno de las tres firmas pasaría a la ronda final por sorteo. Es obvio que los candidatos tendrán diferentes ideologías, pero no serán candidatos que sean escogidos para favorecer a ciertos gobernantes. De esta forma se tendrían Cortes independientes con verdadera división del poder.