Leí la palabra aquiescencia por primera vez en un documento relacionado con el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), la busqué en el diccionario y resultó como sinónimo de consentimiento, pero al emplearla la entiendo diferente, más que consentimiento es complicidad.

Nuestro Estado mantuvo políticas de terror en áreas urbanas y rurales. Esto no es para nada ideológico, son hechos. Nadie en su sano juicio puede suponer justo o legal, por ejemplo, que un diputado de oposición en 1971 haya sido asesinado en su silla de ruedas por la espalda bajo el gobierno de Arana, que campesinos reunidos en Panzós para reclamos sociales fueran masacrados en tiempo de Laugerud, que Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom, por ser líderes de una izquierda democrática, así como decenas de catedráticos universitarios y millares de personas hayan sido asesinados de forma cobarde, o bien detenidos desaparecidos, sin que el sistema de justicia investigara un solo caso bajo los gobiernos de Lucas, Ríos Montt y Mejía Víctores.

“El sistema judicial del país, por su ineficacia provocada o deliberada, no garantizó el cumplimiento de la ley, tolerando y hasta propiciando la violencia”, dice la conclusión 10 de la CEH. El problema con la justicia es que dejó de ser cómoda para aquellos acostumbrados a mandar sin consecuencias. Establecer en la norma la independencia judicial y la inamovilidad de jueces y magistrados es fácil, pero al ir, poco a poco, haciendo efectivos estos principios y así percatarnos de los horrores cometidos en nombre de la ley, del Derecho y la institucionalidad, produce una situación inédita.

Nos acostumbraron a ver la aquiescencia estatal para crímenes atroces, de allí la reacción virulenta de tradicionales grupos de poder sobre el caso Myrna Mack, el primer proceso donde, en las dos instancias judiciales y en casación, se estableció la participación directa de personeros del ejército en un crimen cobarde, un delito de Estado.

La detención y desaparición de Marco Antonio Molina Theissen, de solo 14 años, pero junto a él esa práctica instituida desde Peralta Azurdia y que a la fecha tiene su mayor proceso judicial en relación con el Diario Militar nos debe sacudir. No puede existir república, democracia, sistema jurídico, desarrollo dentro de una sociedad que no valore la vida en lo más mínimo. El Estado de Guatemala está organizado para proteger la vida, y si se justifican crímenes de Estado bajo argumentos ideológicos solo cavamos nuestra propia fosa. Es cuento chino que se vendan como provida algunas autoridades cuando son cómplices, por omisión, de muerte y dolor. Encontrar a los detenidos desaparecidos debiera ser prioridad bajo cualquier gobierno con un ápice de humanidad y empatía.

Construir puentes es básico para nuestro proceso democrático, pero para ello los cimientos de estos esfuerzos deben comprometerse a que jamás se cobijarán o protegerán prácticas represivas. Esto es oportuno recordarlo cuando el gobierno, por su ineficiencia, todos los días pierde legitimidad y militares vinculados con el golpismo de los 80 fundaron el partido oficial y mantienen influencias de poder.
Además, cuando opciones “electorales” vinculadas con la intolerancia y la dictadura empezaron sus campañas para la próxima elección. Recordemos que desde Arana el país no registra tantos estados de Excepción como a los que ahora nos quieren acostumbrar.

La democracia debemos defenderla de quienes asumen el poder por medio de sus formas, y por eso la dinámica de aquiescencia estatal para cobijar delitos debe ser denunciada o el daño que se hará será mucho mayor. Nuestra corrupción no es más que un efecto en un país cuya sociedad no valora la vida.