Dentro de poco iba a entrar en vigor el absurdo acuerdo que obligaría a los guatemaltecos a ser más papistas que el Papa en el tratamiento de la basura. Afortunadamente, aplazaron su entrada en vigor año y medio. Pero como todos los plazos se cumplen, si no hacemos nada para cambiar ese reglamento, a principios de 2025 estaremos nuevamente ante el mismo dilema.

A algún insensato en el gobierno se le ocurrió que podíamos pasar de tirar la basura en la calle a ser los ambientalistas más sofisticados del mundo con solo emitir un acuerdo. Quieren estos necios que los guatemaltecos separemos la basura en 7 grupos, cuando hasta en los lugares con las regulaciones ambientales más estrictas del mundo, como California, por ejemplo, no les piden a las personas más que separar su basura en tres grupos: la basura general, los productos reciclables y los desechos del jardín. Nada más.

La vía correcta para lograr la mayor cantidad de reciclaje es que este proceso tenga un valor económico para todos los involucrados. En Guatemala, el valor comercial de los productos reciclables, como los envases plásticos y de metal, ha generado toda una cadena de reciclaje, sin la intervención de ninguna autoridad. Muchas personas, como los trabajadores de los restaurantes, ya hacen una primera selección de productos que pueden vender a las recicladoras. Luego los recolectores de basura hacen un segundo tamizaje, como se puede ver en todos los camiones recolectores. Y si algo se les pasa, los “güajeros” en los vertederos buscan los demás productos que aún tengan un valor económico.

El desafío, entonces, consiste en darle valor económico a más productos dentro de los desechos sólidos. A medida que adquieran ese valor, se reciclarán más. Lo esencial es que sean alternativas económicamente viables y sostenibles, no imposiciones gubernamentales o regulatorias. Si, por ejemplo, parte de ese valor se compartiera con las personas que generan los desechos, la mayoría seguramente estarían felices de separar los desechos, en lugar de que se lo impongan como una carga obligada más por el Estado.

La mayoría de los productos reciclables ya tienen un valor económico, por lo tanto, ya se están reciclando. Para el resto de los desechos sólidos, por el momento, la solución más viable económicamente parece ser su incineración para generación de energía. En lugar de cargar a las municipalidades con procesos que lo más probable es que realicen mal y que al final los desechos continúen contaminando los ríos y lagos del país, el gobierno debería incentivar a las empresas a implementar procesos de aprovechamiento de estos desechos sólidos. Con los incentivos correctos, en un plazo no muy largo se acabaría con la mayoría de los problemas de la basura.

La falla fundamental del esquema propuesto es que están cargando más a quienes ya desechan correctamente su basura a través del sistema de recolectores, sin ocuparse primero del principal problema: la basura que no se recolecta a través de los canales formales, que es la que las personas arrojan en la calle, en tragantes, en lotes baldíos o en los ríos y lagos. Si realmente están interesados en reducir la contaminación por desechos sólidos, deberían enfocarse en lograr que la mayor parte de la basura que se genera se canalice a través de los sistemas de recolección ya existentes.

Si los desechos sólidos se integran en los procesos formales de recolección, sin duda entrarán al proceso de reciclaje. Una vez que los desechos lleguen a su destino correcto, las probabilidades de reciclar todo lo que se pueda reciclar aumentan considerablemente. Asimismo, las posibilidades de que los desechos acaben en ríos, lagos y el mar disminuyen.

Si queremos preservar el medio ambiente, debemos enfocarnos en reducir al máximo la generación de desechos y en reciclar la mayor cantidad posible. Ambos objetivos requieren soluciones económicamente viables, no la imposición de restricciones e impuestos por parte de los gobernantes.