Civitas
La caja negra del Estado
Cuestionar esta caja negra no es una simple opción. Es una obligación ciudadana.
Imaginemos que el Estado es un avión y el gobierno de turno es el piloto que nos lleva a un destino en común (se supone). En ese sentido los ciudadanos, como pasajeros (responsables y participativos, idealmente), tenemos derecho a saber quién está manejando el avión y saber qué sucede en esa cabina donde se toman decisiones importantes.
No obstante, a veces el gobierno opta por guardar varias cajas negras. Estas son dispositivos que registran los datos y conversaciones de la cabina de un avión, pero no son accesibles por los pasajeros. Es en aquellos lamentables casos (de accidentes) cuando se analiza la información de la caja negra para saber qué pasó o qué salió mal. Son accesibles cuando ya es demasiado tarde.
Una de las cajas negras del Estado actualmente es el pacto colectivo de educación. Según el Ministerio de Educación (Mineduc), la propuesta de pacto colectivo entregado por el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Educación de Guatemala (STEG) está bajo garantía de confidencialidad. Por lo tanto, las negociaciones que ya se están llevando a cabo son desconocidas para los guatemaltecos. Además, la negativa del Mineduc a entregar información sobre este pacto colectivo a la ciudadanía viola varios derechos y principios básicos de una república. Entre ellos, el acceso a la información pública, la transparencia, rendición de cuentas, publicidad de la administración pública y que los ciudadanos puedan ejercer una participación informada.
La oscuridad en la negociación de este pacto colectivo, cuya repercusión es significante en las condiciones de trabajo de los maestros y en la calidad del gasto, lo convierte en una de las cajas negras más impactantes del sector público. Ese proyecto de pacto colectivo que se está negociando ni siquiera debe ser confidencial. La reserva de información responde a ciertos criterios que establece la Ley de Acceso a la Información Pública y el pacto no responde a ellos, puesto que no encaja en ninguno de los casos que establecen los artículos 22 y 26 de dicha ley.
Al final del día, todos los actos de la administración pública deben ser públicos.
Cuando ciertas acciones o decisiones se clasifican como confidenciales, sin justificación alguna, las cajas negras acumulan información que debería ser accesible para todos. La confidencialidad de este pacto colectivo es un claro ejemplo de las decisiones que los pilotos y la tripulación (funcionarios) toman dejando de lado a los pasajeros, a quienes tienen que rendir cuentas. Así que cuestionar esta caja negra no es una simple opción. Es una obligación ciudadana.
La falta de transparencia tiende a llevar a decisiones arbitrarias o a favorecer indebidamente a unos cuantos. Tal es el caso de la caja negra de la que hablamos, puesto que existen algunos privilegios para el liderazgo sindical y se le atribuyen facultades que no debería tener, alimentándole una cuota de poder que hace posible que coaccione a maestros y a funcionarios públicos.
Limitar estos abusos y garantizar un sistema de educación eficiente une a muchos sectores y es un anhelo ampliamente ciudadano, por lo que es probable que estemos ante una oportunidad de definir a futuro ciertos estándares que deben seguir este tipo de negociaciones y qué se puede o no incluir en estos pactos para que no se llenen de privilegios y se conviertan en el botín de quienes buscan hacerse de los recursos públicos.
Al final del día, todos los actos de la administración pública deben ser públicos. Lo establece nuestra propia Constitución en su artículo 30. De mantenerse la confidencialidad se corre el riesgo de que sepamos lo que contiene ese pacto colectivo una vez ya sea muy tarde, cuando el daño ya esté hecho y los privilegios continúen o se multipliquen.
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