La inflación acumulada es 9.5%, medida en diciembre pasado. Pero los altos magistrados del Organismo Judicial incrementaron sus sueldos; al fin, son los ciudadanos quienes les pagan el expolio fiscal. Los jueces de Paz tienen un incremento de 25%; los jueces de Primera Instancia, 27%; los magistrados de sala, 40%; los magistrados de la Corte, 68%; y el presidente de la Corte, 69%. Los magistrados de la Corte ganan al año más de US$150 mil, el promedio de ingreso anual de un juez en Europa es de US$97 mil. No se sabe si tal incentivo servirá para una demanda en cascada de aumentos del resto de trabajadores de ese organismo.

La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente solicita Q500 millones cada año. Se lo gasta en hogares comunitarios, Mis Años Dorados, servicio a familias migrantes y comercialización de productos de mujeres. Para comenzar, el Presidente ni esposa tiene. Al evaluar la población objetivo, el gasto es insuficiente, pues muy pocas personas son atendidas; además, la burocracia consume la mayor parte del presupuesto de esa institución. Por lo tanto, la única justificación consiste en el fomento de clientelas para usos electorales, como respuestas a peticiones en las giras presidenciales.

La dirección civilizatoria enfrenta alternativas: o se utiliza intensivamente el conocimiento científico para incrementar la producción o se baja el impacto sobre la naturaleza para conservar recursos. Si se desea producción, lo primero, se consigue con un ministerio para desarrollar la agricultura y ganadería, el Maga; lo segundo, con un ministerio conservacionista, el Marn. Tener ambas oficinas en la organización gubernamental es un contrasentido. Es el peso de la historia institucional. En lugar de optar, se crea desorden. Se busca liquidar las oficinas especializadas en áreas protegidas, Conap; los bosques, Inab; las reservas, Ocret; las autoridades de lagos. El fondo se olvida y se vuelve una lucha burocrática.

Y así, muchos ámbitos de la acción gubernamental. Se menciona a la agricultura por la importancia del sector. El problema a resolver consiste en controlar la inflación, y aunque sirve utilizar mecanismos monetarios, la extrema fragilidad de las finanzas nacionales está agravada por el gasto sin sentido del Gobierno. La salida obvia, pero también imposible por los intereses creados, es disminuirlo. Como no es practicable, se está a la espera de un irresponsable que endeude al país. Pues se trata de la única manera de continuar con un desordenado derroche de la riqueza nacional.

La próxima contienda electoral esconde el debate sobre la sostenibilidad de esa deuda. Una pregunta obligada a los candidatos consiste en mencionar las áreas estratégicas de inversión pública. Tal definición implica reorganizar la institucionalidad estatal, así como coordinarse con la banca y sector financiero. Todavía no hay una situación apurada en este sentido, pero no hay visos de frenar el deterioro.

Si las próximas autoridades se abandonan a la inercia institucional; es decir, abstenerse de reorganizar al Estado, se está condenado al agravamiento de la situación económica. La salida proclamada por unos pocos es la recuperación económica en EUA. Sin embargo, muchos han hecho notar que tal mejoramiento no necesariamente se transmitirá a las finanzas nacionales, pues puede originar fuga de capitales. Por lo tanto, los aspirantes a dirigir el país parecen caminantes con los ojos vendados, ansiosos de sentarse a una mesa llena de delicias, peleándose por la silla, pero no saben que el puesto solo alcanza para una comilona.