En junio del año pasado, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), aún dirigida por Juan Francisco Sandoval, pidió el retiro de la inmunidad de ocho de los 13 magistrados y de dos exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Los señalados eran Silvia Valdés, presidenta de la CSJ, y los magistrados José Felipe Baquiax, Manuel Reginaldo Duarte, Vitalina Orellana, Nery Oswaldo Medina, Sergio Amadeo Pineda, José Antonio Pineda Barales y Silvia Verónica García. La razón era un secreto a voces: el involucramiento de estos togados en el amaño de las elecciones de jueces, conocido como Comisiones Paralelas 2020. Los magistrados habrían negociado con el empresario Gustavo Alejos la elección para los cargos en la CSJ y las salas de Apelaciones. Sin embargo, no pasó nada y desde ayer esos mismos magistrados acumulan tres años más en sus puestos, los cuales tuvieron que haber dejado en el 2019.

Aun cuando los magistrados estén cómodos con la prolongación de sus cargos, lo cierto es que este hecho es violatorio de la Constitución porque esta define un período de cinco años improrrogables, y es dañino para la administración de justicia del país. El pretexto es que el Congreso no ha elegido a los sustitutos. Digamos que los sostiene un formalismo, pero en el fondo lo que existe es un pacto de la alianza oficialista en el poder para perpetuar a magistrados que han demostrado ser muy serviciales para sus patrocinadores políticos. La casualidad es que desde hace tres años el Congreso incluye el punto en agenda, pero siempre hay otros temas supuestamente de mayor importancia y la elección de magistrados queda relegada. Los diputados se sienten a gusto con estos magistrados, involucrados hasta el cuello en las transas y, por lo mismo, muy confiables para los corruptos.

Aunque lograron sortear la investigación del fiscal Sandoval, los ocho magistrados, con Silvia Valdés a la cabeza, quedaron evidenciados. La petición de retirarles la inmunidad fue una acción sin precedentes que demostró el grado de descomposición de la CSJ, la cual tendría que representar los más elevados valores de la administración de la justicia. El caso Comisiones Paralelas 2020 dejó ver que estos togados habrían colaborado con una estructura criminal para colocar magistrados a su servicio. Habrían incurrido en los delitos de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita. En realidad, estos magistrados estaban reproduciendo la forma en que ellos llegaron a la Corte, ya que fueron escogidos a dedo a partir de la repartición entre Alejandro Sinibaldi, del Partido Patriota (PP), y Manuel Baldizón, de Libertad Democrática Renovada (Líder), en septiembre de 2014.

¿Se recuerdan que estos magistrados fueron los que en cuatro ocasiones desestimaron la solicitud de retiro de inmunidad al diputado Felipe Alejos, involucrado en el caso Traficantes de Influencias? Para comprender qué había detrás de esta ciega protección a un político es importante traer a colación una carta que Baldizón le envió a la Cicig en el 2018, cuando fue encarcelado en EE. UU. En la misiva revelaba cómo había sido la “elección” de los actuales magistrados de la CSJ. Señalaba que él y Sinibaldi se reunieron en una suite del Hotel Vista Real con los magistrados que serían electos, además de Juan de Dios Rodríguez, Mauricio López Bonilla y Gustavo Herrera. En la carta, Baldizón señalaba: “Básicamente era acerca de un consenso que se hiciera entre todos si surgía cualquier situación, que se recordaran que quienes los habían puesto eran los que estaban en esa reunión”. La actual continuación de estos magistrados al frente de la CSJ significa un daño terrible a la administración de la justicia porque esta ha dejado de ser independiente y está al servicio de la alianza oficialista.