La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha decidido, en contra de la posición venezolana, que no sólo tiene jurisdicción para dirimir la controversia, sino que el tema a dilucidar es la validez o invalidez del Laudo Arbitral de 1899 que, según Venezuela, había sido puesto de lado por el Acuerdo de Ginebra. La mayor parte de los juristas especialistas en el tema afirman que, como miembros de la ONU, respetuosos de la Carta (ONU) y del Derecho Internacional, debemos prepararnos, con el apoyo de los mejores expertos nacionales e internacionales, para defender, en la Corte, nuestra posición de que el Laudo de 1899 es nulo e irrito. Pero la primera reacción del régimen ha sido acusar a los Magistrados de la CIJ, una de las instituciones internacionales más respetadas, de haber sucumbido a la presión de los EEUU y estar a “sueldo” de la EXXON y “curiosamente” siempre se le olvida mencionar que el socio de la EXXON, en Guyana es la CNOOC, la compañía estatal de China, “aliado estratégico” del régimen. Hay quien cree posible que Guyana acepte de nuevo retomar la negociación bilateral. En mi opinión, no veo ninguna posibilidad de negociación bilateral sustantiva hasta tanto la CIJ haya tomado su decisión.

Guyana ha presentado formalmente su posición ante la CIJ en marzo del 2022 y Venezuela tenía, en principio, hasta marzo del 2023 para presentar su “contramemoria”. Sin embargo, desde el mismo momento en que la CIJ decidió que tiene la jurisdicción para resolver la controversia, en el gobierno Maduro, se formaron dos “bandos”, el primero, muy pesimista en cuanto a la posibilidad de un resultado positivo para Venezuela en la CIJ, afirmaba que lo más conveniente era asumir una “narrativa” ideológica antimperialista y acusar a la CIJ de ser instrumento del Departamento de Estado y de la EXXON. Por tanto, había que rechazar participar en el proceso. El segundo, en cambio, estaba a favor de participar. Quizás, no olvidando que después de la decisión sobre el Laudo y la definición de la frontera terrestre, es muy probable que la CIJ tendrá que intervenir también en la delimitación de la áreas marinas y submarinas. Después de una indecisión, que duró aproximadamente tres meses, el segundo “bando”, probablemente orientado por el asesor internacional Antonio Remiro Brotons, convenció al alto gobierno y Venezuela presentó un recurso de inadmisibilidad de la demanda de Guyana, con lo cual aceptó participar en el proceso en la CIJ. Ahora la Corte debe decidir si acepta o no los argumentos de Venezuela, es muy improbable que lo haga. Pero, por ahora se suspendió el correr del año a disposición de Venezuela para presentar su “contramemoria”. Se ganaron unos meses de tiempo, ojalá se utilicen provechosamente. Sin embargo, no hay buenos indicios al respecto. Recientemente, Guyana y Venezuela presentaron sus argumentos ante la Corte, en relación al recurso de inadmisibilidad, una relativamente pequeña delegación guyanesa estaba acompañada por un equipo de asesores de altísimo prestigio y nivel académico, la delegación venezolana, en cambio, muy numerosa, pero con una asesoría internacional más débil y muchos asesores de habla española y casi ninguno de lengua inglesa. En la CIJ, los idiomas oficiales son sólo el inglés y el francés. Los agentes del Estado venezolano son un historiador, una respetable profesora de derecho penal y un diplomático de carrera, Félix Plasencia, nombrado recientemente embajador en Colombia. Ojalá su sustituto sea un jurista experto en Derecho Internacional Público y se refuerce el equipo asesor en general. En particular debería contratarse un jurista experto angloparlante de primer nivel.