En septiembre de 2015, Miguel Ángel Gálvez Aguilar alcanzó mayor notoriedad cuando ligó a proceso y envió a prisión preventiva al expresidente Otto Fernando Pérez Molina, señalado por el MP y la Cicig de cohecho activo, caso especial de defraudación aduanera y asociación ilícita, en el caso denominado “La Línea”.

Nueve meses después, Pérez fue citado para comparecer en un nuevo proceso al que la fiscalía llamó “Cooptación del Estado”. La CSJ autorizó el uso de la Sala de Vistas para realizar la audiencia de primera declaración, debido a que el espacio en el juzgado B de Mayor Riesgo era insuficiente para albergar a los 57 acusados, a sus abogados defensores, a los personeros del MP y la Cicig y a los querellantes adhesivos.

En aquella ocasión se presentaron ante Gálvez, la dupla Pérez Molina – Baldetti Elías, casi todo el gabinete de ministros del PP, los exsecretarios de la presidencia y vicepresidencia, contratistas del Estado y otros funcionarios de gobierno implicados en los ilícitos. La audiencia se realizó de forma ininterrumpida y se extendió un poco más de dos meses por la complejidad del proceso, la cantidad de indicios presentados y la intervención de cada uno de los abogados para garantizar el derecho de defensa.

Durante la lectura de la resolución en la que ligó a proceso a 53 de los 57 implicados, Gálvez solicitó a la CSJ que, haciendo uso de su iniciativa de ley, presentara ante el Congreso una propuesta para el tratamiento de “procesos complejos” que incluyera la reforma de los plazos previstos para la primera declaración y el auto de procesamiento, tomando en cuenta que en casos donde hay decenas de acusados es imposible cumplir con la temporalidad establecida.

Así fue como se trabajaron dos propuestas: una por la magistrada Delia Dávila y otra por el propio juez Gálvez, con el apoyo de especialistas de la cooperación internacional. Como casi siempre pasa en Guatemala, las iniciativas de ley importantes se desechan. La CSJ no las trasladó al Legislativo y los jueces y juezas de primera instancia, sobre todo quienes están en juzgados de competencia ampliada, siguen enfrentando esta problemática. Un detalle que no es menor es que una sala de apelaciones, la CSJ y la CC denegaron las acciones interpuestas por Pérez Molina respecto de la prisión preventiva decretada y ratificaron todo lo actuado por el juzgador.

Por eso resulta inexplicable que la mayoría del Pleno de la Suprema haya dado trámite a la solicitud de antejuicio que enfrenta Miguel Ángel Gálvez, en la que se le acusa de no cumplir con los plazos procesales en el caso “Cooptación del Estado” donde -como es obvio, público y notorio- era imposible resolver en 24 horas la prisión preventiva de 57 acusados y, a la vez, garantizar su derecho de defensa.

Sí. A Miguel Ángel Gálvez se le quiere despojar de su inmunidad a partir de una denuncia que carece de fundamento. No solamente por lo ya expuesto, sino porque se le están endilgando resoluciones judiciales que él nunca dictó. Me explico: en la querella presentada contra el juez se adjuntó como “prueba” una tabla que aparece en las páginas 38 a 40 del informe “La prisión preventiva en Guatemala” del CIEN. Ahí se citan 5 casos de prisión “provisional” (sic) y su respectiva duración. Tres de esos casos no fueron conocidos por Gálvez. Lo mínimo esperado es que los magistrados preguntaran a Gestión Penal quién llevó esos procesos antes de dar trámite al antejuicio.

Dos puntos adicionales: 1) quien interpuso la querella no tiene legitimación por no ser parte del proceso y porque la resolución no le causó agravio. 2) La CSJ le negó al juez Gálvez el acceso al expediente, obstruyendo su derecho de defensa.

Está claro: la intención no es otra que castigar a un juez justo e independiente.